Baja California

El movimiento sociopolítico de los
jornaleros agrícolas en San Quintín

Florencio Posadas Segura Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

En el contexto de la estructura de clases sociales en el campo mexicano, el obrero rural se define como aquel que se sostiene por la venta de su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Este obrero rural es mayoritario a escala nacional y, sobre todo, regional.

Entre 1960 y 2010, por ejemplo, en Baja California la población económicamente activa (PEA) en el campo subió de 69 mil 500 a 71 mil 273. En medio siglo, el número de campesinos bajó de 14 mil (20 por ciento del total de esa PEA) a tres mil 863 (cinco por ciento); los obreros rurales aumentaron de 54 mil 300 (78 por ciento) a 65 mil 553 (92 por ciento), y los empresarios rurales ascendieron de mil 200 (dos por ciento) a mil 857 (tres por ciento), de acuerdo con los Censos de Población 1960 y 2010 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

La estadística, que se comprueba con información del trabajo de campo da la razón a quienes han sustentado que la tendencia a largo plazo es la proletarización de la fuerza de trabajo agrícola. Y cuestiona las ideas presentadas por la corriente circulacionista, que afirma que en la transformación capitalista aparece un proceso de proletarización-recampesinización del campesinado.

Los grandes empresarios agrícolas –identificados con toda una gama de reivindicaciones, tácticas, estrategias, luchas, líderes y organizaciones sociales y políticas– han contado con el apoyo estatal para enfrentarse a las demandas, la organización y los movimientos sociales de los trabajadores agrícolas. Esto ha sido fundamental en el noroeste mexicano, escenario de importantes movimientos campesinos y de obreros agrícolas hasta 2015.

A partir de la polarización de la estructura social en el campo mexicano –que ha traído consigo el incremento absoluto y relativo de los obreros del campo–, y de la crisis de las organizaciones agrarias y campesinas tradicionales, fue abriéndose paso la tendencia hacia la construcción de organizaciones sindicales de este significativo agrupamiento de sujetos de la sociedad civil rural. Sobresalen las organizaciones creadas bajo el amparo del poder político del Estado y las independientes de él.

Ante la dificultad del proyecto hegemónico corporativista sindical, surgen diversas alternativas: empresarial, neo corporativa e independiente, de las cuales la última es la más valiosa para los asalariados del campo.

Los jornaleros han creado un proceso organizativo propio y original, al margen de sindicatos oficialistas cómplices de la explotación laboral del sector patronal. El eje de la convergencia han sido las reivindicaciones de mejores condiciones de trabajo y respeto irrestricto a los derechos aborales (Ver Guillermo Castillo Ramírez, “San Quintín: patrones voraces, gobiernos cómplices”, Contralínea, citado por Red Voltaire, 8 de junio de 2015)

Con las ocupaciones de tierra de los años 70’s en México, fundamentalmente en Sonora y Sinaloa, parecía haberse cerrado el ciclo de reivindicaciones agraristas y campesinas de la lucha de los asalariados rurales y campesinos, los cuales se habían replegado. Sin embargo, el movimiento indígena y guerrillero de enero de 1994 organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, repercutió en todo el país y marcó el origen de una nueva etapa de la lucha por la tierra, los derechos y cultura indígena y la democratización del país, entre otras demandas.

El Estado ha intervenido en los conflictos laborales desde los 70’s, por medio de diversos presidentes de la República y gobernadores, así como de su aparato institucional, cada cual desempeñando un papel importante en tareas mediadoras y represivas. La participación del Estado ha sido básicamente para establecer el control político y los parámetros de organización del obrero agrícola propicio al sindicalismo oficial y los empresarios agrícolas.

Desde comienzos de los 70’s, continuaron dándose importantes movimientos por demandas obreras e indígenas. Las luchas de orientación obrera e indígena que tenían como actor central al asalariado agrícola pasaron a formar parte de lo cotidiano y generaron coyunturas políticas extraordinarias como la de 1980 en el Valle de Culiacán, Sinaloa, o las de 1984, 1988, 1990, 1995-1997 y 2015 en el Valle de San Quintín, Ensenada, Baja California.

A partir de la coyuntura política de mediados de los 90’s, marcada por la aplicación de las reformas al 27 constitucional y el Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN), existe una gran coincidencia entre el gran empresario agroexportador y la política gubernamental. Por ello, en el marco de la neoliberalización económica y su inserción en la economía mundial de mercado, el sector agroexportador es considerado estratégico, y al Estado le interesa estimular su competitividad internacional.

Lo anterior presupone, como política laboral del Estado, el sostenimiento de bajos niveles salariales, la exclusión de conquistas obreras en la contratación colectiva, la desindicalización y el apuntalamiento del sistema político autoritario.

Desde el enfoque político e ideológico, una movilización sociopolítica de miles de asalariados agrícolas e indígenas, por sus demandas auténticas, podía provocar una reacción de similares proporciones por parte de los patrones agrícolas y concitar la solidaridad de las organizaciones empresariales, proclives a reclamar mayores garantías y seguridad plena a la inversión de capital, tanto nacional como internacional. Por lo tanto, era posible prever que en 2015 el gobierno mexicano no se aliaría con los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, sino que mantendría su alianza al lado del poderoso sector agroexportador y las trasnacionales agroalimentarias con sede en Estados Unidos.

En ese marco, el descontento de los asalariados del campo ante sus precarias condiciones de trabajo y de vida que los mantienen en pobreza crónica, ha irrumpido nuevamente como lucha laboral de dimensiones significativas, con el histórico movimiento social de los jornaleros y jornaleras agrícolas de San Quintín, Baja California, de marzo de 2015.

Es un movimiento que reivindica principalmente el aumento salarial; el mejoramiento se sus condiciones de trabajo y de vida; la organización sindical democrática e independiente de los empresarios, del Estado y de los partidos políticos, y el rechazo a la discriminación racial, al hostigamiento y al acoso sexual contra las mujeres por parte de patrones y capataces. Esto ha venido a marcar una nueva etapa en la lucha de los explotados y explotadas del campo que podría generalizarse a escala nacional e internacional.

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