Hijos de jornaleros migrantes,
sin oportunidades para
asistir a la escuela

Teresa Rojas Rangel Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco  [email protected]

Con visión optimista, algunas instancias oficiales estiman que uno o dos de cada diez hijos de jornaleros agrícolas migrantes asisten a la escuela. Y de los que asisten, los que tienen entre seis y 11 tienen un promedio de escolaridad de 2.2 años, y en algunos estados del país, como Hidalgo, siete de cada diez niñas y niños inscritos está en primer y segundo grado de primaria.

Ello, no obstante los múltiples convenios internacionales firmados y ratificados por el gobierno, los principios constitucionales, los planes nacionales de desarrollo y múltiples leyes y reglamentaciones vigentes (de educación, del trabajo, de desarrollo social y para protección a los derechos de las y los niños).

Datos nacionales para el 2011, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establecen que en la matrícula escolar 78 por ciento se concentra en la educación primaria, 13 por ciento en preescolar y menos de 9 por ciento en educación secundaria. Además, se presentan altos porcentajes de inasistencia, repetición y abandono. Por lo tanto, altos índices de rezago escolar.

Diversas causas explican por qué estos menores de edad carecen de la oportunidad de asistir, pero no sólo eso, sino también de permanecer y de adquirir los aprendizajes que les ofrece la educación escolar.

Por una parte, existen factores asociados con las características de los propios jornaleros migrantes que dificultan la inscripción y participación regular de las y los niños a las actividades escolares: 1) la pobreza de sus familias, lo que conlleva la insuficiente alimentación y la insalubridad en que nacen y crecen sus hijos. Se observan altos índices de desnutrición y el padecimiento de un número importante de enfermedades, en particular las que son resultado de la exposición permanente a los agroquímicos y plaguicidas; 2) la movilidad constante, que realizan los menores de edad junto con sus familias hacia diversas regiones del país; esto es para las familias una estrategia de sobrevivencia, y a l@s niñ@s les exige enfrentar complejos procesos de adaptación y acoplamiento a diferentes contextos sociales, culturales, climáticos, y 3) la necesidad que tienen las familias de incorporar a sus hijos desde edades tempranas al trabajo infantil, como una segunda estrategia para sobrevivir. Actividad que realizan los menores de edad al margen de la ley; en condiciones de franca explotación, y expuestos a múltiples riesgos, físicos y de otra índole como es el embargar las aspiraciones de l@s niñ@s a una vida diferente.

Por otra parte, un conjunto de factores que influyen en la falta de oportunidades educativas devienen de la baja calidad y poca equidad de la oferta educativa que se les otorga, a pesar de que el Estado impulsa, desde hace más de 30 años, programas educativos específicos para la educación básica de los hijos de los jornaleros migrantes.

Entre las principales causas relacionadas con la oferta educativa existente podemos enlistar:

1) La inexistencia de información objetiva y confiable que permita conocer cuántos niños y niñas requieren los servicios educativos, dónde se ubican, cuáles son sus necesidades educativas, a fin de poder diseñar e instrumentar políticas y programas pertinentes;

2) Insuficiente inversión pública en la educación de los hijos de los jornaleros agrícolas migrantes, frente a la vulnerabilidad social que presentan y ante la desigualdad regional que existe en el país;

3) No existe una propuesta pedagógica pertinente que oriente la atención propiamente didáctica, ya que se adolece de métodos, técnicas y recursos didácticos para la atención de grupos multigrado, multiculturales y multilingüistícos y para la enseñanza de la lectura y la escritura en lenguas indígenas. Además, se carece de mecanismos adecuados para la evaluación y certificación de los aprendizajes, el control escolar y la continuidad educativa, y de propuestas para la formación y capacitación de los profesores y de los demás agentes educativos (asesores técnico pedagógico y asesores escolares);

4) Se carece de infraestructura escolar y espacios escolares funcionales y dignos para el trabajo escolar. La mayoría de los espacios educativos son prestados, adaptados o improvisados y casi todos están en francas condiciones de abandono; más de una tercera parte se encuentran ubicados en propiedades privadas, subordinando con ello la autonomía de la gestión y la asistencia escolar de las y los niños a los intereses y necesidades productivas de las empresas agrícolas;

5) Persisten graves problemas de eficacia y eficiencia en las instituciones y los programas educativos destinados a la población infantil, que se expresan en la falta de coordinación, intergubernamental (federal, estatal y municipal), intersectorial (trabajo, salud, educación, desarrollo social, entre los más importantes) e interinstitucional (Secretaría de Desarrollo Social, SEP, Consejo Nacional de Fomento Educativo, Instituto Nacional para la Educación de Adultos y demás instituciones vinculadas con la problemática). Y a ello se suma la poca eficiencia y opacidad en la aplicación de los escasos recursos públicos que se otorgan por parte de los gobiernos federal y estatales para la operación de los servicios educativos.

La política educativa actual.A partir de 2014, el actual gobierno estableció el Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), que en el discurso tiene como objetivo central el atender la desigualdad y la exclusión educativa de los grupos sociales menos favorecidos mediante la ampliación de cobertura, la inclusión y la equidad educativa. Como parte de las acciones instrumentadas en el marco del PIEE, se fusionó el Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Migrantes (Pronim) al PIEE. Así, el Pronim aparece como uno de los siete componentes que integran el PIEE, no obstante que durante 2002-13 fue el principal programa educativo para las y los niños jornaleros migrantes, por su amplia cobertura a escala nacional y por el número de alumnos y alumnas registrados.

Esta fusión ha representado el debilitamiento a la atención educativa de la niñez migrante y una mayor invisibilidad de los hijos de los jornaleros agrícolas migrantes. En la medida en que se ha dado una importante y paulatina reducción del presupuesto asignado a la operación el servicio educativo que se les otorga. Solamente para el año 2014, el total de recursos financieros destinados al PIEE y sus siete componentes (indígenas, migrantes con capacidades diferentes, con talentos, telesecundarias y multigrado en los distintos niveles: inicial, básica, media superior y superior) fue de 558 millones 800 mil pesos, lo que representó 44 por ciento del presupuesto otorgado al Pronim durante su último año de operación.

Los efectos negativos de la política educativa actual se han expresado en la disminución de la cobertura y la matrícula escolar: durante el ciclo agrícola escolar 2013 en el Pronim estuvieron registrados 70 mil alumnos; para 2014 la cifra se redujo a 40 mil durante el 2014, primer año del PIEE. Ese 2014 algunos estados tuvieron que suspender el servicio ante la falta de recursos financieros para la contratación y capacitación de docentes, y en general, para poder otorgarles atención educativa.

Recientemente, en el 2016, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación emitió las “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes”, a partir de reconocer que esta es una de las problemáticas más urgentes y relevantes que, en términos de equidad, debiera de resolver el Estado mexicano. Directrices que contribuyen en la visibilidad de esta problemática al incluirla en la agenda de la política educativa y al hacer evidente la vulnerabilidad social y educativa de esta población infantil como un problema público, lo que interpela y compromete no sólo a los distintos niveles de gobierno, sino a la sociedad en su conjunto.

Se requieren acciones radicales e ineludibles para mejorar la calidad y favorecer la igualdad de oportunidades educativas para esta población infantil, lo que implica grandes retos para las políticas públicas, y en particular para la política educativa, a fin de poder ofrecer una educación justa y con equidad a esta población infantil.

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