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Chiapas La migración de personas jornaleras Deyanira Clériga Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC Para nosotras la movilidad humana es un derecho. Tenemos derecho a migrar, a buscar lugares dignos para trabajar, estudiar o vivir. Sin embargo, la realidad nos grita que no es así, que no parece un derecho, ya que ni las razones ni las condiciones en las que migran cientos de miles de personas son justas, y en muchos sentidos atentan contra sus derechos humanos. Y esta situación dolorosa, llena de derroteros, pero también alentadora por la fuerza de las personas, es la que hemos compartido con los pueblos indígenas de la región maya tzotsil-tzeltal de Los Altos de Chiapas, que desde hace décadas se incorporaron a los circuitos migratorios nacionales e internacionales. Podemos enlistar largas líneas de las razones por las cuales las personas de esta región se están desplazando, muchas de ellas son muy conocidas y lastimosamente son las mismas que desde siempre han estado presentes en la vida de los pueblos indígenas y campesinos. Las condiciones estructurales de pobreza y exclusión responden a la lógica del modelo de desarrollo mundial y se han profundizado en las décadas recientes: crisis en el campo, y precarización y marginalización de las condiciones de vida y del acceso a servicios básicos y derechos, además de la dinámica del mercado de bienes, servicios y personas. Los pobladores chiapanecos campesinos e indígenas de Los Altos, Norte y Selva han constituido parte del ejército de reserva de mano de obra en el sureste mexicano: durante siglos migraron a la zona del Soconusco, a las plantaciones de café y frutas; era una migración temporal y dentro del mismo estado. A partir de los años 90’s del siglo pasado es cuando comenzaron a desplazarse a la Península de Yucatán y al centro del país, para responder a la demanda de mano de obra para la construcción de grandes complejos turísticos, en el primer caso, y a las zonas comerciales y de vivienda, en el segundo caso. También empezaron a irse a Estados Unidos, Sonora y Baja California como jornaleros y jornaleras agrícolas. Es así como Chiapas se convirtió en el último estado en incorporarse a la migración internacional e interestatal y, junto con los estados de Guerrero y Oaxaca, abastece en su mayoría la demanda de trabajo agrícola de los grandes campos del noroeste de México. Los chiapanecos y chiapanecas recorren dos mil 700 kilómetros en su viaje hasta Sonora. En su mayoría son población indígena que no siempre habla español, lo que, en un país de mestizos hispanoparlantes y racistas en muchos sentidos, deviene en la reducción de acceso a derechos y violaciones a los mismos. Ha pasado que personas chiapanecas son detenidas en el tránsito al noroeste y, al no poder probar su nacionalidad mexicana, son deportados hacia Guatemala; en este sentido, desde nuestra mirada es claro que el ser perteneciente a un pueblo originario (etnia) determina la experiencia migratoria y profundiza la vulnerabilidad de derechos. Las y los jornaleros indígenas migrantes de Chiapas viven las deplorables condiciones laborales que hemos denunciado en diversos espacios, sólo que, a diferencia de la migración más antigua de Guerrero y Oaxaca, la población chiapaneca cuenta con menos redes de apoyo e información en el origen y destino. Ante este panorama fue que comenzamos, desde la sociedad civil, a hacernos preguntas y a plantearnos caminos creativos de acción con las personas que consideramos son las protagonistas del proceso, es decir, con las y los migrantes, sus familias y las organizaciones de base que van surgiendo en esta lucha por el Derecho al Buen Migrar y al Buen Vivir. Desde Voces Mesoamericanas, organización civil que trabaja en Chiapas, definimos varias apuestas ético-políticas. La primera es que creemos que la construcción del sujeto social migrante como actor para la transformación es esencial, por ello acompañamos el caminar con ellos y ellas. Consideramos necesaria la construcción colectiva y desde la visión indígena del Derecho al Buen Vivir como aquel que implica no migrar, es decir, que las condiciones en el territorio provean lo necesario para el florecimiento humano. Por otro lado, creemos necesario que haya condiciones para migrar con derechos, lo que para nosotras es el Derecho al Buen Migrar, que la movilidad sea una opción que dignifique a las personas en el tránsito, en el destino y en el retorno. Otros enfoques y acciones claves para nuestra organización son la ciudadanía trasnacional, la incidencia social-política y en políticas públicas, además de la coordinación y el trabajo en redes. Realizamos trabajos de defensoría y promoción de derechos desde lo jurídico, lo social, emocional y espiritual con perspectiva intercultural. Acompañamos procesos organizativos con familias de migrantes desparecidos; con migrantes hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes retornados, y con sus familias en comunidades de origen y destino. En todos estos caminos compartimos con las personas la educación, el arte y la comunicación popular y alternativa, como acto político para aprehender la transformación de la realidad. El panorama es cada vez más complejo y por ello seguimos creyendo que la mejor manera de hacer es haciendo con las personas, caminando paras ubicar los tropiezos y pensar colectivamente las veredas nuevas para construir verdaderamente la migración con derechos.
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