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Cómo mejorar la atención Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) Las niñas, niños y adolescentes (NNA) hijos de familias de jornaleros agrícolas migrantes son uno de los grupos de población que enfrenta las barreras más fuertes para ingresar y permanecer en el sistema educativo y, por tanto, es una de las poblaciones que ha visto vulnerado, en mayor medida, su derecho a la educación en nuestro país. Esto se debe, en parte, a su alta movilidad dentro del territorio nacional, la cual ocurre debido a la búsqueda de trabajo agrícola por parte de sus familias o de ellos mismos, y a la debilidad de las acciones implementadas por el Estado para asegurar el acceso a la escuela, la permanencia y el logro de aprendizajes relevantes y pertinentes para esta población. Uno de cada cien niños mexicanos forma parte de una familia de jornaleros agrícolas. Se trata de una población multicultural, ya que se conforma tanto de personas mestizas como indígenas, quienes viven mayoritariamente en condiciones de pobreza (78 por ciento son pobres) y cuyos años promedio de escolaridad (4.5) son considerablemente más bajos que los registrados a nivel nacional (8.1 años). Durante los traslados que realizan de una entidad o localidad a otra, están expuestos a condiciones que ponen en riesgo su salud e integridad. Actualmente, los servicios educativos que atienden a la niñez migrante son proporcionados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en escuelas generales, indígenas y mediante servicios apoyados por el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE). Asimismo, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) ofrece la educación comunitaria y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) implementa programas específicos para esta población. A pesar de ello, y de acuerdo con los datos de la SEP, se estima que existen entre 279 y 326 mil NNA migrantes agrícolas en edad de cursar la educación básica (SEP, 2015) y, de ellos, sólo entre 14 y 17 por ciento se encuentra estudiando (INEE, 2016). Esta situación da cuenta de un escenario de flagrante exclusión social y de un incumplimiento de larga data de la garantía del derecho a una educación de calidad para estos NNA de familias de jornaleros agrícolas migrantes. No existe suficiencia presupuestal necesaria para fortalecer los programas que atienden a esta población. Por el contrario, desde 2014 ha disminuido considerablemente el recurso para la atención a la niñez de familias jornaleras agrícolas migrantes, desde que el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim) se integró al PIEE y recibió en 2017 un 37.7 por ciento menos de recurso presupuestario con respecto a 2016. Ante esta grave problemática de falta de equidad educativa, el INEE, en cumplimiento de su mandato constitucional y en pleno ejercicio de su autonomía, emitió directrices dirigidas a las autoridades educativas, que buscan incidir en la construcción de políticas que permitan asegurar que todos los NNA de familias de jornaleros agrícolas migrantes accedan y permanezcan en el Sistema Educativo Nacional (SEN); se les garantice una trayectoria libre de rezago, independientemente de la situación de alta movilidad que los caracteriza, y se cumpla con su derecho de recibir una educación pertinente con enfoque intercultural. Las respuestas de la autoridad educativa federal y de las 32 estatales ante estas directrices fueron positivas. En el planteamiento del Nuevo Modelo Educativo (NME), propuesto por la SEP, se retoman estas directrices. Se establece que para atender adecuadamente a los NNA de familias de jornaleros agrícolas migrantes es necesaria una planeación lingüística, a fin de asegurar que los docentes tengan un mejor dominio de la lengua que enseñan y generar una mayor vinculación entre las familias y las escuelas, además de priorizar los planteles de esta población en los programas que invierten en la infraestructura física. Sin embargo, será necesario dar seguimiento a la propuesta de implementación de las acciones señaladas por el NME, cuando éste se haga público, a fin de verificar si estas directrices fueron atendidas y traducidas en intervenciones concretas. Las autoridades educativas locales, por su parte, señalaron que la principal aportación de las directrices ha sido visibilizar esta problemática, en tanto que uno de los principales avances reportados en algunas entidades federativas del norte del país consiste en la incorporación de los docentes a cargo de la atención educativa a migrantes al Servicio Profesional Docente, acción que representa la posibilidad de ofrecerles mejores y más equitativas condiciones laborales. En contraste, las entidades mencionaron que uno de los principales factores que ha obstaculizado la atención a las directrices ha sido la reducción presupuestal del PIEE. El INEE, por su parte, ha impulsado la firma de convenios de colaboración con el objeto de facilitar el trabajo coordinado y la cooperación entre las entidades de Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, a fin de garantizar trayectorias escolares continuas y exitosas a la niñez de familias jornaleras agrícolas migrantes. Asimismo, el INEE se ha comprometido a otorgar acompañamiento técnico, así como participar en las actividades de difusión y mesas públicas en las entidades federativas. Los grandes retos por delante se traducen en el diseño de una política de equidad e inclusión; en políticas integrales que hagan frente al trabajo infantil; la regularización en el Servicio Profesional Docente de los maestros que atienden a estos niños; la coordinación interestatal que permita favorecer trayectorias escolares continuas, y la garantía de suficiencia y eficiencia presupuestal. De no enfrentarlos, seguiremos perpetuando la situación de exclusión social crónica de esta población y el aumento de la brecha de rezago educativo con otros grupos de población. Más información en: www.inee.edu.mx; [email protected]; INEEmx, @INEEmx, INEE MEXICO
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