Los jornaleros, hijos
olvidados del régimen

Antonieta Barrón Profesora de carrera de la Facultad de Economía de la UNAM y miembro de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2016, hay dos millones 904 mil 795 jornaler@s agrícolas en el país; 92 por ciento son hombres y ocho por ciento son mujeres. Sin embargo, en las entidades con agricultura de exportación, la proporción de mujeres es mayor. En Baja California Sur llega a 29.1 por ciento, Baja California, 28.4; Sonora, 19, y Sinaloa, 18 por ciento, por citar los estados más importantes que explotan cultivos intensivos y donde el proceso de trabajo permite la incorporación de las mujeres, situación que es muy importante considerar pues la presencia femenina en el mercado de trabajo está asociada a la demanda de educación y servicios de salud.

Pese a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, y a la presencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encargada de vigilar que se cumpla la ley, es una constante que los jornaleros agrícolas, particularmente los migrantes, laboren sin contrato de trabajo, con jornadas y salarios que se definen por día, y que estén casi ausentes las prestaciones de ley.

Predomina la contratación por jornada, lo cual supone que el jornalero debe cubrir una cuota, pero ésta ha aumentado de manera desproporcionada, y es algo que no se ha visibilizado adecuadamente.

A finales de los años 90’s, la cuota de corte para el jitomate era de 35 cubetas de 20 kilos; hoy en el Valle de San Quintín, Baja California, en época pico cortan cien cubetas al día, y lo mismo ocurre en Villa Juárez y Cruz de Elota, en Sinaloa.

Los jornaleros trabajan los días que pueden trabajar, los que trabajan menos de cinco días lo hacen en su mayoría porque no pudieron contratarse toda la semana, excepcionalmente no trabajan por problemas personales. Según la Encuesta Nacional de Jornaleros (Enjo) de 2009, más de 20 por ciento de hombres y mujeres migrantes trabajaron los siete días de la semana y en ningún caso les pagaron como marca la ley: doble si es día de descanso.

Para fijar un salario a los jornaleros habría que definir los tiempos de corte de una medida según el cultivo de que se trate. En la agricultura intensiva se paga según el cultivo y la entidad en que se trabaje.

En el Valle de San Quintín se paga así: en el corte de jitomate, se le ofrece al jornalero 150 pesos si cubre 35 botes, con la promesa de que les pagarán uno, dos, tres y hasta cuatro pesos por cubeta adicional, pero si no cubren las 35 cubetas no les pagan los 150 pesos acordados, y si sobrepasan la cuota, tampoco les pagan lo acordado por cubeta adicional.

En una jornada que oscila entre nueve y diez horas diarias, con los niveles salariales pagados en las regiones agrícolas, la Enjo estimó que 45.6 por ciento de los jornaleros y 61.1 por ciento de las jornaleras ganan hasta dos salarios mínimos, ubicándose así en el límite de la pobreza.

Una de las demandas más sentidas de las y los jornaleros agrícolas es el acceso al seguro social. Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proporcione sus prestaciones es necesario “el reporte de los días que el trabajador se encuentra incorporado al instituto, ya que con base en ello se determinan las llamadas obligaciones de cotización”.

Pero la unidad básica de referencia es la semana de cotización, que funciona si la jornada fuera continua y de ocho horas, no para los jornaleros.

Lo primero que tendría que hacer el IMSS es dar a los jornaleros su número de afiliación y la STPS vigilar que el patrón registre a los contratados según su número de afiliación.

Pero el IMSS no los afilia y la STPS no vigila y los más indefensos son l@s jornaler@s, que son contratad@s día a día en una plaza donde se concentran.

En materia de política social, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) atiende a las y los jornaleros, pero se redujo su presupuesto. En el pasado había un ejército de promotores en las principales plazas que los atendían. Recorrían los albergues de los campos agrícolas para tratar de dar solución a las necesidades más sentidas de estos trabajadores.

Se eliminó la red de promotores y ya no existe la coordinación institucional. El PAJA logró en el pasado cierta coordinación institucional, pues convocaba a la Secretaría de Salud; a la STPS; a la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) estatal y federal, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y del Programa de Niños Migrantes de la SEP, y a Diconsa, y conformaba mesas de coordinación que funcionaron porque el PAJA hacía el trabajo de base, era el operativo para que las demás instituciones hicieran su trabajo.

Con la pérdida de la red de promotores, el no cumplimiento de la ley para los trabajadores agrícolas y el aumento de la explotación, se ha agudizado la precariedad en las condiciones de trabajo y de vida de las y los jornaleros, situación que atenta contra sus derechos humanos.

Hoy el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) reivindica las demandas de las y los jornaleros. Ojalá trascienda su lucha social.

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