El azúcar: De un comercio “comercio justo” a uno administrado

Jorge Witker Velásquez Director del Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior, Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

Durante casi un cuarto de siglo en México hemos venido hablando sobre el libre comercio; lo hemos debatido y defendido. Y ahora por fin se reconoce un comercio administrado, basado en autolimitaciones exportables, país por país.

Como en tantas otras actividades, volvemos a los restrictivos años del siglo pasado, en que nuestros vecinos impusieron cuotas y precios mínimos al tomate, producto de la defensa que hicieron los agricultores de Florida. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue la gran salida para superar esas prácticas e imponer en definitiva un intercambio libre, alejado de los proteccionismos frecuentes en la época, tanto en el mundo como en nuestro comercio bilateral.

El azúcar es un commodity que ha sufrido los vaivenes de un mercado cambiante y poco fiable para las inversiones en el mundo. En efecto, al azúcar de caña, que es el recurso natural mexicano por excelencia, se ha sumado un azúcar derivado de la remolacha y otro denominado jarabe de maíz (alta fructosa), productos éstos que han entrado derechamente a competir en este mercado, aunque hay que destacar que la fructosa ha comprobado signos negativos para la salud de los consumidores.

Conviene señalar que desde la suscripción del TLCAN en 1993, el azúcar ha sido considerado sensible y desde aquellos años se ha tenido que negociar una cuota anual de exportación a Estados Unidos (con excepción de 2008-13). Es decir, originalmente el TLCAN no cumplió al respecto su cometido y dejó vigente un comercio administrado, concepto que es frontalmente combatido por el libre comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Adicionalmente, el frustrado Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) constituyó para el azúcar mexicana una amenaza real, pues permitía una dualidad de esquemas perjudicial para México; el escenario implicaba abrir el mercado del TPP a la libre exportación de azúcar de países tan eficientes como Australia, Nueva Zelanda y el propio Perú. Recordemos que en aquellas negociaciones nuestras autoridades, tan partidarias del TPP, nada mencionaron de que, con este Acuerdo, la compleja cuota anual del producto desaparecería y México se abriría a la competencia de los países azucareros antes mencionados.

Ahora bien, el acuerdo recientemente suscrito entre el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y el de Economía de México, Idelfonso Guajardo, es la expresión más clara de la forma como el gobierno del presidente Trump entiende el comercio justo. México tuvo que aceptar una reducción en la proporción de azúcar que puede enviar refinada –esto es, con valor agregado– a Estados Unidos (pasó de 53 por ciento a 30 por ciento), lo que afecta notoriamente a los cañeros, jornaleros e industriales mexicanos, los que han sido además acusados de un supuesto dumping que sólo el fundamento del manido “dumping social” podría explicar. Conviene señalar que tal acusación se mantiene vigente y que no formó parte de esta compleja y adversa negociación.

Sumado a esta adversa situación para el país, conviene señalar que nuestro mercado interno es afectado significativamente por las importaciones que se hacen del jarabe de maíz (fructosa), que consumen la industria refresquera y repostera, captando un sector importante del mercado interno. A propósito de las medidas restrictivas al azúcar, México podría en reciprocidad aplicar algún arancel o cuota administrada.

La práctica de este “comercio justo” de nuestro vecino es un claro aviso de cómo vienen las negociaciones y revisiones del TLCAN y, si nuestras autoridades van a actuar de la misma forma, es decir, no compensar con medidas de retalation a las cuotas administradas, el futuro al parecer para nuestro comercio exterior se insinúa complejo e incierto.

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