En el informe Falsas sospechas; detenciones arbitrarias por la policía en México, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) detalla seis casos paradigmáticos que ilustran la forma en que suceden los arrestos injustificados en el país, los cuales siguen el mismo patrón de abusos, agresiones e impunidad para los perpetradores.

Una de las historias que se destacan en el estudio es la de Sergio Sánchez Arellano, un vendedor de dulces del municipio mexiquense de Ciudad Nezahualcóyotl, quien fue detenido arbitrariamente el 29 de marzo de 2010 por la policía de investigación de la Ciudad de México, al salir de su domicilio.

Ese día, contó Sánchez a los autores del informe, unas 10 personas sin uniforme –que se transportaban en vehículos sin logotipos de la policía– lo arrestaron sin explicarle la razón, sin identificarse y sin decirle a dónde lo iban a llevar.

En el camino, la víctima y su esposa fueron golpeados e incomunicados, y aunque los agresores le exigieron que se declarara culpable de un delito que no había cometido, se negó. Pese a ello, fue condenado a 27 años y seis meses de cárcel, acusado de homicidio y tentativa de robo.

Luego de que AI encontró graves inconsistencias en todo el proceso judicial contra Sergio Sánchez, un tribunal federal confirmó en 2016 que su detención había sido injustificada, pero dio validez a las declaraciones de una supuesta testigo de los delitos que se le imputan, por lo que la condena fue ratificada. El caso es revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otro caso destacado es el de Enrique Guerrero Aviña, activista social y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien fue detenido el 17 de mayo de 2013 por integrantes de la Policía Federal con uso excesivo de la fuerza y sin que mediara explicación sobre el motivo del arresto.

Ese día, cuando Guerrero conducía su auto en la capital del país, dos camionetas le cerraron el paso y uno de los hombres que viajaba en esos vehículos disparó en su contra. Aunque logró escapar momentáneamente, el joven fue detenido poco después por personas vestidas de civil que dijeron ser policías federales, pero que en ningún momento se identificaron.

Desde el inicio, indicó AI, la víctima fue golpeada y amenazada. Más tarde, el joven fue torturado mientras sus captores le exigían información sobre otros activistas universitarios.

Aunque Guerrero se negó a declararse culpable de algún delito, como le exigían sus agresores, de todas maneras fue acusado de secuestro y delincuencia organizada, junto con otras 12 personas. Lleva cuatro años en la cárcel, pese a no tener una sentencia definitiva en su contra.

Tanto Guerrero como los demás acusados denunciaron a los policías por tortura, sin que los señalamientos fueran tomados en cuenta. La gravedad del caso llevó al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas a declarar que el arresto del luchador social había sido injustificado, y solicitar al Estado mexicano que tome medidas para liberarlo.