a fragmentación electoral es una de las consecuencias de la fragmentación. A su vez la fragmentación en las políticas públicas y en las reglas del juego, es decir, en las instituciones, constituyen una cuadrilátero de interacciones. Ahora discutiré la fragmentación social y en mi próxima entrega comentaré sobre la fragmentación de políticas e instituciones.
Fragmentación social. Hay desde luego muchas maneras de analizar la fragmentación social. Yo quisiera enfocar la fragmentación social desde el ángulo de la intermediación política, porque pienso que está en el centro de la crisis de gobernabilidad.
Régimen autoritario e intermediación. Como lo demostraron el movimiento obrero de 1958 y el movimiento estudiantil de 1968 cualquier movimiento de masas, promovido desde las bases aun con un programa de demandas limitadas, tendía rápidamente a trascender su carácter reivindicativo y a enfrentarse directamente al Estado. No se comprendía la singularidad del régimen autoritario en lo que respecta a sus relaciones con los ciudadanos, particularmente con los ciudadanos organizados, y más concretamente, con los ciudadanos organizados por fuera del marco corporativo.
Nada fuera de las corporaciones. Esta singularidad provenía de la ausencia de cuerpos intermedios entre el Estado y la sociedad como partidos políticos, sindicatos y asociaciones autónomas y la propia división de poderes que en los regímenes democráticos juegan el papel de agregación de las demandas. Al no existir sino de manera muy endeble estas instituciones cualquier demanda de carácter reivindicativo se confrontaba directamente con el régimen político.
Reformas electorales. El largo proceso de reformas electorales comenzado en 1977 tiene efectos amplificados por tres razones que confluyen para hacer del espacio electoral un espacio estratégico de disputa política. El crecimiento de sectores de la población difícilmente encuadrables de manera corporativa como son las clases medias, marcadas por el 68. que afectó su comportamiento político. El lento proceso de descomposición de la coalición gobernante producto de las crisis económicas recurrentes y de la restructuración capitalista de los ochenta. Y la acumulación de agravios socialmente sentidos, producto de excesos gubernamentales derivados de la corrupción y la impunidad.
Movilizaciones. Por otra parte el iti- nerario de las movilizaciones sociales apuntó en dos direcciones. La búsqueda de una nueva organicidad que operaba en ruptura con la forma central, y de un nuevo discurso que tomaba elementos del principio de sufragio y del principio de la igualdad, pero que no se reconocía en ninguno de los dos aisladamente. Es decir, el rechazo a la concepción oligárquica de la justicia social en nombre de un nuevo discurso que intentaba vincular combate a la desigualdad con participación social.
Autonomía y anti-gobiernismo. El continente político que se expresa en el ámbito electoral tiene por principio unificador la libertad. Las redes sociales, por su parte, que se expresan a través del conflicto distributivo tienen por principio unificador la igualdad. En 1988 parece avanzarse hacia una convergencia. La forma discursiva que se utiliza para ello, y al mismo tiempo para deslindarse del pacto corporativo, se da a través del término autonomía. Esta convergencia tiene un efecto preciso: unifica discursivamente a conglomerados por demás heterogéneos, pero que tienen en común su anti-gobiernismo.
Lo electoral. Sin embargo al convertirse el espacio electoral en el espacio político privilegiado de disputas a partir de los noventas esa parcial convergencia entre redes sociales y luchas ciudadanas –particularmente electorales–, se debilita a partir del desarrollo de dos perniciosos fenómenos. La partidocracia y las políticas públicas que favorecía la individualización a costa de la solidaridad y el sentido de comunidad.
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