ientras el secretario Narro reconocía que la insuficiencia renal no se incluye en el Seguro Popular porque no alcanzan los recursos, el subsecretario José Meljem aclaraba que el Acuerdo para la Universalización de los Servicios de Salud y el Convenio de colaboración Ssa-IMSS-Issste para brindar servicios en cualquier unidad médica, aunque diga universalización el tema es intercambio de servicios. En su opinión: “hay quien podría calificarlo de un paso –hacia la universalización– pero ese es otro tema”. ¡Caray! Entonces, ¿qué es? Para Meljem: hay quien entiende que la universalización tiene que ver con unificar las tres instituciones. Eso no es viable en este momento.

A su entender, este intercambio ya arrancó en nueve estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Yucatán; cubre servicios compartidos: desde análisis clínicos e imagenología hasta cirugías; se realiza de acuerdo con las posibilidades de cada estado y tiene que ver absolutamente con las capacidades de la institución. Si en algún momento se saturan los servicios, la institución dice: yo ya no puedo, y se modifican los Anexos de los Convenios. ¿Y qué ocurre cuando, como denuncia Manuel Vallejo, del Sntss: en el IMSS los servicios médicos no están ociosos. Por el contrario, están rebasados?

Su universo alcanza mil 73 unidades médicas: 668-Ssa; 263-IMSS; 152-Issste. El promedio de intervenciones con potencial de intercambio por entidad federativa es de 118. Pero este intercambio no significa universalización.

El Seguro Popular (Ssa) tampoco permite ser optimista. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mientras el número de afiliados creció –entre 2004/2015– 973.8 por ciento –pasando de 5.3 a 57.1 millones–, el número de establecimiento aumentó 23 por ciento. Los afiliados aumentaron 40 veces más. Las unidades de consulta externa se incrementaron 22 por ciento pero –por el aumento de afiliados– la disponibilidad, por cada mil beneficiarios, se redujo de 2.2 a 0.3 unidades. Lo mismo sucedió con las unidades de hospitalización: se incrementaron 47.6 por ciento pero –por el incremento de afiliados–, la disponibilidad por cada mil beneficiarios se redujo de 0.10 a 0.01. Además, debe considerarse que esas unidades no brindan servicios sólo al Seguro Popular, sino a toda persona que solicite atención o sea trasladada a ellos en caso de emergencia. Igual ocurre con la disponibilidad de consultorios. Ellos se incrementaron 49.4 por ciento, pero ese crecimiento resultó menor que el de beneficiarios: la disponibilidad potencial disminuyó de 5.0 a 0.7 unidades por cada mil afiliados.

El doctor Gabriel O’Shea, comisionado del Seguro Popular, reconoce que no concuerda el crecimiento de afiliados con el crecimiento de infraestructura/equipamiento. Es cierto. No se trata de seguir construyendo grandes hospitales: es avanzar sobre la universalidad en intercambio de servicios. ¿Y el personal insuficiente?

Con siete años de operación, un antecedente del intercambio de servicios, el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencia Obstétrica –para que cualquier mujer con complicaciones en embarazo recurra a cualquier unidad–, muestra escasa cooperación interinstitucional. Para el Observatorio de Mortalidad Materna: Ssa-IMSS-Issste no cuentan con suficientes redes articuladas para cumplir la función. La mujer que toca en un hospital-Ssa –que carece de insumos/ personal adecuado– en lugar de ser referida a otra que pueda atenderla en otra institución, es remitida a otro hospital-Ssa aunque se encuentre a horas de distancia. Del total anual: 750 mil emergencias, el convenio beneficia poco menos de mil: es muy burocrático, sobre todo, realizar cobros.

Pero Mark Britnell –de la consultora KPMG–, declara que el sector debe considerar fortalecer las asociaciones público/privadas y subrogar actividades para enfocar presupuestos en cuestiones que más lo requieran. Hoy los hospitales públicos están muy saturados y por eso el gobierno podría usar privados para tratar pacientes. La inflación médica se encuentra en ocho por ciento, casi tres veces por arriba del INPC, lo que repercute en gastos públicos. La subrogación es alternativa para distribuir mejor presupuestos. El gobierno debería considerar la propuesta de las aseguradoras para hacer alianza con los institutos de salud. La reforma debe completar un sistema universal.

Además, por instrucción del secretario de Hacienda, José Antonio Meade (SHCP, comunicado No. 39, 10/3/17), se contempla la edificación de 16 hospitales en asociación público-privada: cuatro en el IMSS y 12 en el Issste. En ningún momento sus autoridades han justificado comparativamente sus preferencias por este costoso esquema. Aunque disponemos de una curiosa explicación, por cuenta de David Palacios, director administrativo-IMSS, para quien “con el dinero que se requiere para construir un hospital de 150 camas, alrededor de mil 500 millones de pesos, es posible –mediante APP– poner en marcha cuatro de esas unidades médicas casi al mismo tiempo”. Ciertamente ¡un mago de las finanzas! que, increíblemente, no incorpora a su explicación la contraprestación económica estipulada en el contrato y que, durante 25 años después, el IMSS deberá pagar al proveedor. Pero han pagado millones en asesorías para el manejo de sus caras APP: el Issste liquidó casi 19 millones de pesos a Evercore y el IMSS 52 millones de pesos a Currie&Brown.

Y, como Meljem, desde el Seguro Popular, el doctor O’Shea también aclara que el tema es avanzar sobre la universalidad en intercambio de servicios. A pesar de que, nuevamente según la ASF, durante 2015 no se ejercieron 13 mil 756 millones de pesos que ese Seguro asignó a estados. Si no es universalidad, entonces, ¿qué es?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco