La Comisión Permanente demandó a los gobiernos estatales coordinarse con las autoridades federales a fin de prevenir y sancionar los feminicidios, cuyo número llegó a 6 mil 488 en el periodo 2013-2015; en 2012, los homicidios de mujeres alcanzaron la cifra de 4.6 muertes por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, en el punto de acuerdo aprobado los legisladores solicitan a los gobiernos locales que, en coordinación con las autoridades de la Federación competentes, realicen todas las acciones para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, con especial énfasis en los feminicidios, y se garantice su derecho a una vida libre de violencia.

En las consideraciones del punto de acuerdo, senadores y diputados refieren, de acuerdo con el reporte Estadísticas del feminicidio en México –elaborado en 2014 por la Cámara de Diputados–, que en el año 2012 la tasa de homicidios de mujeres fue de 4.6 muertes por cada 100 mil habitantes, y los grupos de edad en los que se registraron más decesos a nivel nacional son de las jóvenes en el grupo de 20 a 24 y de 25 a 20 años, con 6.8 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Abundan los legisladores que consideran que el feminicidio es el resultado de la violación reiterada y sistemática de derechos humanos de las mujeres.

Su común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas por el sólo hecho de su sexo y en algunos casos son asesinadas como culminación de una violencia social, pública o privada, tolerada o auspiciada por la omisión de acciones que la combatan o por la impunidad a los victimarios de violencia.

Desde ese enfoque, subrayan, el feminicidio constituye más que un acto individual con un responsable identificado, un delito que se comete permanentemente y es derivado de la violencia estructural que limita el acceso de las mujeres al disfrute y pleno ejercicio de sus derechos humanos.