l miércoles 12 el juez de primera instancia Sergio Moro sentenció al ex presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva a nueve años y seis meses de cárcel por un supuesto acto de corrupción en el que éste habría recibido un departamento de lujo a cambio de favorecer a un contratista. La sentencia, que ya fue apelada por el ex mandatario, también lo inhabilita para ocupar cargos públicos durante 19 años. Tras el fallo judicial, el líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) afirmó su inocencia y ratificó su voluntad de contender en la elección presidencial del año entrante, en la cual es señalado ampliamente como favorito por todos los sondeos.
La resolución del juez Moro, emitida sin que exista registro de propiedad alguno que acredite la propiedad del inmueble por parte del político de izquierda, deja al descubierto que el caso contra Lula no es sino una continuación y un intento de consumar la interrupción del orden institucional abierta con el golpe de Estado parlamentario contra la mandataria democráticamente electa Dilma Rousseff. Cabe recordar que el mismo Sergio Moro jugó un papel central en el golpeteo político que hace un año llevó a la destitución de Rousseff y puso al frente de Brasil al impresentable vicepresidente Michel Temer, envuelto desde antes de convertirse en titular del Ejecutivo en interminables escándalos de soborno y uso indebido del poder.
Además de distraer a la ciudadanía de los múltiples abusos del régimen de Temer, esta conjura para impedir que el PT vuelva al gobierno constituye un asalto al poder por parte de intereses oligárquicos y corruptos, empeñados en consolidar mediante un uso descaradamente mafioso de las instituciones el giro neoliberal que fue cuatro veces derrotado en las urnas por da Silva y Rousseff. A este entramado local debe sumarse un inocultable componente geoestratégico en el que intereses foráneos buscan desterrar de manera definitiva el proyecto nacionalista y de cooperación que los mandatarios emanados de la lucha social echaron a andar en la mayor economía del subcontinente.
Con lo dicho, resulta inevitable trazar un paralelo entre la conspiración judicial y legislativa en curso en la potencia sudamericana y el intento de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, impulsado sin el menor recato legal por el presidente panista Vicente Fox cuando el entonces gobernante de la Ciudad de México encabezaba todas las encuestas rumbo a las elecciones de 2006. Al igual que sucede en la persecución contra Lula, amplias franjas de la clase política y la práctica totalidad de los medios de comunicación brindaron entonces apoyo entusiasta a una acusación construida sobre bases fraudulentas y sin mínimo sustento jurídico.
Más allá de las evidentes irregularidades en el caso contra el más popular político brasileño de las décadas recientes, a escala regional asistimos al creciente recurso, por parte de grupos de intereses ilegítimos e inconfesables, de las vías judiciales para excluir de los procesos electorales a fuerzas de diversos signos, pero que comparten la aspiración de modificar el modelo económico depredador imperante. Esta práctica, incontestablemente espuria y vergonzosa, supone una obstrucción de la institucionalidad democrática que desvirtúa lo judicial y lo electoral con el fin último de remplazar la voluntad ciudadana por los juzgados.
