El traslado desde Guatemala de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, se realizará en vuelo oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) hasta que se tenga la certeza de que el Poder Judicial mexicano está en condiciones de recibirlo y se determine la prisión federal donde será recluido.

La PGR informó que para evitar cualquier violación al debido proceso del señor Javier Duarte de Ochoa, debemos apegarnos a los términos establecidos en el tratado bilateral con Guatemala.

Las autoridades nacionales señalaron que México está cumpliendo, conforme a derecho y al tratado bilateral que en la materia se tiene firmado con la República de Guatemala, y con mucha claridad, todo el proceso de extradición de Javier Duarte de Ochoa, para evitar una violación al debido trámite en los tres recursos legales que tiene para enfrentar a la justicia mexicana.

En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala notificó, el pasado 6 de julio, a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que quedaron firmes las dos solicitudes formales de extradición del ex gobernador, luego de que se allanara a las peticiones mexicanas conforme a las audiencias del 27 de junio y del 4 de julio, por los delitos del fuero federal y común.

A partir de ese momento, empezaron a correr 60 días para su entrega en extradición, de acuerdo a lo dispuesto en el tratado de extradición, indicó la PGR.

La procuraduría reiteró que estima que Javier Duarte será entregado a México entre el 17 y el 21 de julio para ser puesto a disposición del juez federal. También se le notificará a la Fiscalía General de Veracruz para que inicie sus procesos de manera paralela a los que se realizarán a escala federal.

Duarte de Ochoa enfrentará procesos penales por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 570 millones de pesos, así como por cargos que le imputa el gobierno de Veracruz relacionados con abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias.

El pasado 7 de julio, el ministro del Interior guatemalteco, Francisco Rivas, anunció que su país aumentó la seguridad del ex gobernador, porque es un privado de libertad de alta vulnerabilidad, grupos criminales podrían tener interés en atentar en contra de su integridad y su vida, tanto locales como internacionales.

Ante ello, apeló a las autoridades mexicanas para que aceleren la extradición tomando en cuenta que Guatemala ya concluyó con los procesos administrativos y judiciales para entregarlo.

(Con información de agencias)