La Asamblea Legislativa (ALDF) abrirá espacios a comités ciudadanos para dar seguimiento al Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) y escuchar sus planteamientos, en especial a organizaciones de gestión de vivienda, representantes del sector empresarial y expertos en movilidad.

Trabajaremos el dictamen de manera abierta y transparente. Convocamos a ciudadanos a que de manera libre, sin mecanismos burocráticos ni formalismos, participen en un comité de seguimiento para trabajar el dictamen en conjunto, señaló la diputada Margarita Martínez Fisher

Al presentar las conclusiones de las audiencias públicas del PGDU, diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras declararon que la aprobación del documento estará condicionada a más consideraciones, como la consulta y conformidad de los habitantes de pueblos y barrios originarios, de acuerdo con los protocolos y tratados internacionales en la materia.

Aseguraron que para avanzar en el proceso de dictamen es necesario que la Secretaría de Gobierno local abra una mesa interinstitucional de atención a casos específicos de denuncia ciudadana, pues los vecinos necesitan respuesta a sus quejas sobre obras irregulares.

Xavier López Adame, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la ALDF, dijo que el programa debe fijar mecanismos de protección a las áreas verdes intraurbanas, en especial las barrancas, e integrar las determinaciones al Programa de Ordenamiento Territorial.

El diputado perredista Raúl Flores se pronunció por un desarrollo urbano ordenado, además de un diálogo informado y serio. Más allá de hablar de una moratoria urbana, hay que presentar temas que sean viables. Le apostamos en la ALDF al diálogo serio y con propuestas, consideró.

Por su parte, el grupo parlamentario de Morena se pronunció en contra del PGDU porque no se consideraron los resultados del Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano; no cumple principios de constitucionalidad y convencionalidad y no fue realizado con una perspectiva de derechos humanos, además de que no toma en cuenta las nuevas disposiciones constitucionales en materia de planeación y ordenamiento, entre otros aspectos.