Entre 2009 y 2016, integrantes de Los Zetas, en colusión con las fuerzas especiales de seguridad de Coahuila, cometieron crímenes de lesa humanidad contra la población de ese estado, los cuales son competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) solicitó al fiscal de la CPI abrir un expediente preliminar sobre los graves crímenes cometidos por el Estado mexicano en esa entidad.

El 6 de julio la FIDH presentó ante la CPI una investigación y un análisis jurídico que elaboró con el apoyo de más de 100 organizaciones mexicanas, en los que se acreditan violaciones a derechos humanos en esa entidad durante el periodo referido, como la privación grave de la libertad física, torturas y desapariciones forzadas.

Ante esos señalamientos, el ex gobernador Humberto Moreira respondió de inmediato y calificó el reporte de la FIDH como falso.

Humberto Moreira, quien gobernó Coahuila de 2005 a 2011, aseveró que se trata de un traje condenatorio a la medida en el que primero se eligió al responsable y después se llegó a las pruebas, por lo que convocó a los autores a debatir públicamente.

La FIDH contó con el apoyo de organizaciones como Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. En el análisis señala que “los autores materiales de tales crímenes de lesa humanidad son Los Zetas y las fuerzas especiales responsables de la seguridad pública en el estado: policías municipales y estatales, y los grupos de Reacción Inmediata, de Armas y Tácticas Especiales, y el Grupo de Reacción y Operaciones Mixtas”.

Política criminal de Estado

En el informe se advirte que en Coahuila no se está frente a una situación de violencia esporádica ni tampoco de violencia que se deba únicamente a los carteles de la droga, pues se identificó que existe una política de parte de una estructura del estado de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil.

Se afirmó que de 2009 a 2011-2012 “las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con Los Zetas en un contexto de innegable colusión”. Mientras que de 2011-2012 a 2016 los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos directamente por las fuerzas especiales (del estado).

Episodios violentos

El reporte se basa en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, y en particular de los expedientes de 73 víctimas. Incluye dos episodios violentos: la matanza perpetrada por Los Zetas de entre 60 y 300 pobladores de Allende, en marzo de 2011, sin que el gobierno municipal ni el estatal actuaran, pese a tener conocimiento de los hechos, y la gestión que ese grupo criminal tuvo del penal de Piedras Negras, donde entraban y salían a su antojo, y lo usaban como un lugar para eliminar a sus enemigos, entre otros, con el apoyo de autoridades.

Una vez que el examen preliminar sea abierto por la CPI, esta instancia determinará si tiene o no jurisdicción sobre el caso, y por tanto concluir si las autoridades mexicanas emprendieron o van a emprender acciones legales para juzgar a los autores o cómplices de crímenes contra la humanidad, entre los cuales figuran altos funcionarios y figuras públicas, aseveró la FIDH.