Hermosillo, Son.

A solicitud de la asociación civil Defensa Colectiva –que lleva un proceso legal contra la empresa Buenavista del Cobre y el gobierno federal por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi–, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la demanda que interpuso la ONG contra Grupo México para determinar que la empresa es autoridad y responsable de provocar el desastre ambiental más grave en la historia de México y no reparar los daños.

A tres años del derrame tóxico –6 de agosto de 2014– que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi y ante la incompetencia de los gobiernos federal y estatal en la resolución del problema ecológico, José Ramón Cossío Díaz, ministro del máximo tribunal colegiado, resolvió atraer la demanda contra Grupo México.

El proceso jurídico se inició cuando el juez de distrito desechó la acción y el Tribunal Unitario confirmó ese resolutivo de apelación; ambas partes promovieron el juicio de amparo directo y fueron atraídos por la primera sala de la SCJN debido a la importancia y trascendencia del caso.

Los ministros consideraron establecer la debida interpretación de requisitos de procedencia de acciones colectivas en materia ambiental y la capacidad de apreciación de los mismos por el juez de distrito en la etapa de certificación, dado que la regulación de los procesos de incidencia colectiva en el derecho mexicano son novedosos, por lo que resulta necesario definir los criterios para su operatividad.

En tanto, Wenceslao Cota Montoya, delegado de la Secretaría de Gobernación (SG), confirmó el bloqueo del fideicomiso del río Sonora entregado por el consorcio minero y administrado por funcionarios del gobierno federal, específicamente por empleados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, como titular Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental.

El fideicomiso no está en funciones, no tiene ninguna operatividad, aunque la gente lo siga necesitando, declaró el funcionario federal a La Jornada.

La finalidad general del fideicomiso era servir de fuente y medio de pago para aplicar las medidas de remediación, reparación y compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el derrame de químicos tóxicos.

El compromiso era aportar al fideicomiso 2 mil millones de pesos, a casi tres años se ha efectuado el gasto de más de 60 por ciento de esos recursos, sin saneamiento del río.

El delegado de la SG en Sonora aseguró que los gobiernos federal y estatal se han coordinado para realizar acuerdos con los alcaldes y representantes de los pueblos, paralelos a los compromisos con la empresa minera, a fin de sacar avante la situación económica de los municipios afectados. No estamos condonando responsabilidad a ninguna empresa, como tampoco podemos estar estancados en un lamento, reconoció.

Se han entregado $2 mil millones

Según la organización Poder, la empresa filial de Grupo México propiedad de Germán Larrea ha pagado hasta ahora 2 mil millones de pesos en un fideicomiso para la reparación de daños, así como la multa de 20 millones de pesos que le impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lo que equivale a menos de 0.2 por ciento de los ingresos que tuvo la empresa el año pasado.

El 6 agosto de 2014, un tanque de almacenamiento de residuos químicos de la mina Buena Vista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora; derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y altas concentraciones de metales pesados en aguas del río Bacanuchi y posteriormente al río Sonora, minerales que a la fecha se encuentran en el organismo de 381 personas según análisis de la Cofepris.

Los afectados por los de- sechos aún no reciben atención médica especializada ni las plantas potabilizadoras comprometidas como parte de la repa- ración del daño, por lo cual continúan bebiendo agua con metales tóxicos.