La Secretaría de Educación Pública (SEP) no contó con mecanismos de control y supervisión para verificar la correcta aplicación de los subsidios destinados a mejorar la infraestructura, equipamiento y operación de las escuelas de nivel medio superior, a fin de incrementar su matrícula.

Como parte del informe parcial correspondiente a la Cuenta Pública 2016, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó el pasado 30 de junio a la Cámara de Diputados, señala que la SEP careció de información para determinar en 2016 el avance en el programa para ampliar la matrícula en preparatoria, pues no dispuso de diagnósticos y mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la expansión de la educación media superior.

La ASF advierte que tampoco tiene elementos para determinar la supervisión en la distribución y aplicación de subsidios por mil 716 millones de pesos, por lo que se abstiene de emitir opinión de la incidencia de entrega mediante el programa U079 Expansión de la Educación Media Superior, lo que incluye recursos para infraestructura física, equipamiento y operación de los planteles.

Entre los principales hallazgos de la Auditoría de desempeño, señala que la SEP no elaboró los diagnósticos para verificar el estado general de la infraestructura física educativa, equipamiento y operación de los planteles de bachillerato, a fin de tener parámetros y criterios que permitieran focalizar los apoyos y medir los resultados.

Además, se detectó que los lineamientos para la distribución de los recursos presentaron deficiencias en su diseño, debido a que la dependencia federal incorporó como población objetivo a las instituciones públicas de formación para el trabajo, que es una modalidad educativa para adultos y no contribuye a la ampliación en el bachillerato; tampoco incluyó mecanismos periódicos de supervisión y evaluación que permitieran verificar el cumplimiento de la norma.

La SEP no aseguró la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, a fin evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos. Además, no se contó con información de la asignación presupuestal de conformidad con las necesidades identificadas con el índice de cobertura educativa por entidad federativa.

De las instituciones beneficiadas, se constató que la SEP entregó 5 mil 153 subsidios, de los que 746 fueron para infraestructura física educativa, 2 mil 480 para equipamiento, mil 81 para equipamiento y operación, y 486 para operación, lo que benefició a 4 mil 816 planteles. Sin embargo, careció de mecanismos de control y supervisión para verificar su correcta aplicación.

De las escuelas que recibieron los fondos, la SEP sólo dispuso de información de 15.2 por ciento (734), y se constató que la matrícula de las instituciones apoyadas pasó de 666 mil alumnos en 2015 a 676 mil en 2016, es decir, alcanzó un incremento global de sólo 1.6 por ciento.

Sin embargo, advierte que de las 32 entidades federativas apoyadas, en 26 la SEP realizó estimaciones de la matrícula, con un incremento de 1.5 por ciento en todos los casos, sin relacionar el monto de los subsidios otorgados por el programa.

El organismo fiscalizador señala que se pone en riesgo la ampliación de la cobertura para atender la demanda y el cumplimiento de la meta sexenal de incrementarla hasta alcanzar al menos a 80 por ciento de la población en edad de cursarla.