nunciada mil veces e incumplida el mismo número de ocasiones, el compromiso oficial de reducir la deuda pública (EPN, Videgaray y Meade dixit) brilla por su ausencia y es cada vez más notoria, creciente y peligrosa la presión que ejerce sobre las finanzas públicas. De nada sirvieron las advertencias de los organismos internacionales y las amenazas de las calificadoras, porque dicho débito impone récord un día y el siguiente también. De hecho, en el inicio sexenal representaba alrededor de 38 por ciento del producto interno bruto y a estas alturas ronda 50 por ciento.

A lo largo de la administración peñanietista la deuda del sector público federal (el cada día más abultado adeudo de estados y municipios se contabiliza aparte) se ha incrementado en alrededor de 60 por ciento en su segmento interno y en más de 50 por ciento en su componente externo, y contando.

Lo anterior se traduce en que la deuda interna pasó de 3 billones 567 mil 842.1 millones de pesos el primero de diciembre de 2012 (arranque del sexenio peñanietista) a 5 billones 685 mil 58.3 millones el último día de mayo de 2017, mientras que en el mismo periodo el débito externo aumentó de 123 mil 132.7 millones de dólares a 185 mil 469.4 millones.

Al cierre de mayo pasado el total de ambos adeudos ronda los 9 billones 200 mil millones de pesos, un río de dinero que en una buena proporción se ha destinado al pago de los intereses (y una parte muy menor a comisiones y gastos) que genera la propia deuda, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda.

Y tan es así que en lo que va del sexenio peñanietista de las arcas nacionales han salido un billón 276 mil 379.2 millones para cubrir los intereses de la deuda interna y casi 32 mil millones de dólares para lo mismo, pero en su segmento externo.

En dicho periodo el sector público federal aumentó su deuda interna en alrededor de 2 billones 200 mil millones de pesos, pero del erario salió un billón 276 mil millones de pesos para el pago de intereses. Así, por cada peso de deuda nueva, se pagaron cerca de 58 centavos de intereses.

En el segmento externo la situación es la misma. Del primero de diciembre de 2012 al 31 de mayo de 2017 el sector público federal incrementó su adeudo foráneo en 62 mil 336.7 millones de dólares, y en igual periodo el pago de intereses sumó 32 mil millones de billetes verdes. Así, por cada dólar de nueva deuda del erario salieron poco más de 51 centavos para el pago de intereses, y a ese ritmo no hay presupuesto que aguante ni país que lo soporte.

Y podría suponerse que la diferencia entre la nueva deuda y el pago de intereses se habría destinado a la inversión productiva del sector público, generadora de riqueza para el país, pero las propias cifras oficiales reconocen que en este renglón el gobierno federal ha ido de mal en peor. De hecho, las advertencias son de que tal inversión se encuentra en niveles menores a los registrados en 1980, de tal suerte que el endeudamiento público sólo ha servido –por decirlo así– para pagar intereses sobre intereses, mientras es manifiesto el raquitismo económico del país.

En su edición de ayer La Jornada (Roberto González Amador) informó que el alto costo en que incurre el gobierno federal para cubrir el pago de los intereses de la creciente deuda del sector público se convirtió en un riesgo para lograr la reducción del déficit fiscal, una de las principales metas de la gestión del presidente Enrique Peña, consideraron analistas financieros. La proximidad de las elecciones federales de 2018 (en las que se renovará la Presidencia), la posibilidad de una reducción importante en los recursos que aporta el Banco de México a las finanzas pública y el alto costo del endeudamiento podrían afectar las metas de consolidación fiscal, de acuerdo con los analistas del grupo Invex.

En su primer año de ejercicio el gobierno peñanietista pagó alrededor de 322 mil millones de pesos por intereses de la deuda interna y externa del sector público federal. En 2016, por el mismo concepto, la erogación sumó la friolera de 483 mil millones, un incremento de 50 por ciento entre una fecha y otra. Y para 2017 la propia estimación oficial eleva a más de 600 mil millón el pago de intereses, de tal suerte que en apenas cinco años el aumento rozará ciento por ciento.

Ejemplos sobran, pero tres muestras pintan el panorama: cuando inició el sexenio de Enrique peña Nieto el saldo de los pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB, el engendro del Fobaproa) sumó alrededor de 826 mil millones de pesos. Para mayo de 2017 dicho saldo se elevó a 896 mil millones (70 mil millones adicionales) y en ningún momento (por cortesía del gobierno federal) los mexicanos han dejado de pagar un solo centavo para –versión oficial– disminuir tales pasivos.

Han transcurrido más de dos décadas desde el rescate bancario ordenado por Ernesto Zedillo y operado por Guillermo Ortiz, y 18 años desde la concertacesión prianista para la creación del IPAB, y el adeudo del rescate se mantiene cercano a un billón de pesos, y contando.

Algo similar sucede con otro rescate, el carretero, también ordenado por Ernesto Zedillo en 1997. Dos décadas después, a muchos de los concesionarios rescatados se les devolvieron las carreteras y obtuvieron más concesiones, pero los mexicanos son los que pagan las cortesías gubernamentales. Cuando inicio el actual sexenio el saldo de los pasivos del Farac (fideicomiso creado para el citado rescate) sumaba poco más de 141 mil millones de pesos. Al cierre de mayo de 2017 tal saldo alcanzó 226 mil millones (85 mil millones adicionales), y como en el caso del Fobaproa-IPAB los mexicanos, gústeles o no, siguen pagando la factura.

Y la cereza: el primero de diciembre de 2012 el saldo de los adeudos de organismos y empresas públicas llegaba a 624 mil millones de pesos. Al cierre de mayo de 2017 acumulaba un billón 600 mil millones (casi un billón adicional en cuatro años y seis meses), pero no pocos organismos y empresas públicas pasan las de Caín.

¿Hasta dónde llegará el gobierno peñanietista? Esperemos que ya no muy lejos, porque el país está por reventar.

Las rebanadas del pastel

¿Recuerdan aquello de que los consumidores no deben asustarse por el mega gasolinazo de enero pasado, porque no será inflacionario? (José Antonio Meade dixit). Pues bien, ayer la OCDE advirtió que la inflación en México triplica la que, en promedio, registran los 35 países de la propia organización. Y con ese tino tiro fijo pretende escalar posiciones. ¡Salud!

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