La oposición en el Senado impulsa reformas para endurecer la prohibición del espionaje político en el país. El bloque PT-Morena ya presentó ante la Comisión Permanente una propuesta para acotar las intervenciones telefónicas exclusivamente a investigaciones sobre delincuencia organizada, con mandato judicial y la supervisión del Congreso.

La iniciativa del senador Miguel Barbosa, por la que se modifica la Ley de Seguridad Nacional, prohíbe expresamente “cualquier tipo de seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas con fines o por motivaciones políticas.

Violar tal disposición será sancionada penalmente, sin perjuicio de responsabilidades civiles y administrativas en que pudieran incurrir los funcionarios involucrados.

El panista Roberto Gil Zuarth anunció que prepara una iniciativa en la materia, luego de comprobar que fue sometido a espionaje en junio de 2016, cuando presidía esa cámara y se discutía la ley anticorrupción.

Junto con la dirigencia y las bancadas parlamentarias del PAN, solicitaremos una investigación internacional para que quien espió termine en la cárcel, recalcó.

Al respecto, el coordinador de la bancada de PT-Morena, Manuel Bartlett, demandó a los presidentes de las juntas de Coordinación Política del Senado y la Cámara de Diputados un informe sobre los equipos de vigilancia, seguridad e inteligencia con que cuentan o han contado, ya que es necesario saber si hay “algún big brother” en el Congreso.

Por su parte, el senador Barbosa consideró indispensable poner los candados necesarios a la Ley de Seguridad Nacional, luego de las revelaciones de The New York Times, de que se espió a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, con un software denominado Pegasus, dispositivo de alta tecnología que sólo puede ser adquirido por los gobiernos.

¿Qué clase de gobierno utiliza la intervención de comunicaciones privadas para espiar a sus críticos, en lugar de vigilar a los criminales que todos los días asesinan, secuestran o extorsionan?, preguntó.

Explicó que su iniciativa propone que el Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) establezca protocolos para realizar el seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas, conforme a lo establecido en la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los protocolos deberán precisar el objetivo del seguimiento o la intervención de comunicaciones, la persona sujeta a ello, la identificación del lugar o lugares donde habrá de realizarse y los datos que permitan la identificación de los servidores públicos que constituyan la cadena de mando, que incluirá al director del Cisen y al secretario de Gobernación.

Se establece, asimismo, que la duración de las intervenciones telefónicas en ningún caso podrá ser mayor a 180 días, salvo prórroga concedida judicialmente.

Igualmente, que la intervención de comunicaciones sea sometida además a la instancia de control parlementario, como la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la que deberá recibir bimestralmente un informe del Cisen sobre todo seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos.