nte la eficacia de las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea como medios de comunicación horizontal, utilizados cada vez más por los menores de 35 años –adolescentes y jóvenes, que rechazan informarse a través de la televisión, el principal difusor de las bondades de la política oficial–, las autoridades rusas tienen una verdadera obsesión por establecer un control total sobre el segmento local de Internet.

La dependencia encargada de vigilar que se cumpla la legislación en la web, lleva bloqueadas cerca de 70 mil páginas, aunque por ahora se puede acceder a todas con VPN (redes privadas virtuales), el navegador Tor, servidores Proxy y otras modernas herramientas para ocultar la identidad.

La Duma se dispone a proscribir esos recursos, aparte de obligar a los proveedores de Internet a cerrar cualquier espejo de las páginas prohibidas; los informáticos aseguran que están preparados para eludir dichas medidas y ofrecen soluciones.

Rusia, desde luego, no es ajena al debate universal entre libertad y seguridad, y aquí también hay tanto resueltos defensores de respetar la privacidad de las personas como tenaces impulsores de monitorear la actividad de los criminales y terroristas.

Los primeros se oponen a que se repita en Rusia una situación similar a la denunciada por Edward Snowden, el ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad refugiado en Moscú, quien reveló el espionaje global que practica el gobierno de Estados Unidos.

Los segundos argumentan que es necesario imponer nuevas restricciones y citan como ejemplo que el atacante suicida del más reciente atentado en el metro de San Petersburgo se comunicó con sus cómplices mediante el messenger Telegram.

Para la oposición, los servicios secretos se escudan en el noble propósito de reducir la amenaza de atentados, cuando en realidad sólo pretenden vigilar las conversaciones de los activistas descontentos con el Kremlin y bloquear el acceso a cualquier crítica que pueden eliminar como contenido extremista.

En ese contexto, surgieron voces en favor de exigir que Telegram conceda a los servicios secretos pleno dominio sobre sus sistemas de cifrado y los datos personales de millones de usuarios, mientras sus adversarios reviran que el yihadista de San Petersburgo, tras meses de adoctrinamiento en Turquía, entró a Rusia deportado y con pasaporte ruso, sin que ello interesara a ninguna autoridad.

Frente a la amenaza de clausurar Telegram, éste aceptó cumplir los requisitos para su registro en Rusia como organizador de difusión de información, pero su fundador, Pavel Durov, insiste en que el servicio no va a cumplir leyes anticonstitucionales y técnicamente irrealizables que no son compatibles con la protección de la vida privada y nuestra política de confidencialidad.

Esta guerra por el control de Internet dista de haber terminado y se hará mucho más intesa conforme se aproxime la fecha de las elecciones presidenciales del año siguiente.