El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, organismo creado por el propio gobierno estatal, compuesto sobre todo por investigadores y especialistas en la materia, ofrecieron ayer su respaldo a activistas, académicos y pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, comunidades de los Altos de Jalisco que desaparecerán inundadas por la decisión de elevar la cortina de la presa El Zapotillo de 80 a 105 metros.

El observatorio pidió a legisladores federales y locales iniciar una investigación sobre las acciones u omisiones del gobernador Aristóteles Sandoval en cuanto a la posible ilegalidad que ha realizado con la Conagua (Comisión Nacional del Agua) en favor de la empresa Abengoa, que construirá un acueducto para trasvasar agua de Jalisco a León, Guanajuato.

También ratificó una denuncia por la contratación y pago de 90 millones de pesos a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para que realizara un estudio que justificó la construcción de la presa, y concluyó que sólo el escenario de 105 metros de cortina serviría para dotar de agua a Jalisco y León.

A la par, Sandoval reconoció ayer que la decisión de elevar el tamaño de la cortina, anunciada el jueves entre la oposición de los pobladores, aún debe sortear tres suspensiones definitivas incluida una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y sostuvo que incrementar la cortina evitará que estados circunvecinos, que tienen interés en tomar agua de la cuenca del río Verde, se adelanten a Jalisco.

En conferencia de prensa ofrecida en Casa Jalisco, Sandoval añadió que entre 300 y 400 pobladores serán reubicados e indemnizados por el gobierno federal, y retó al alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro (sin mencionarlo por su nombre), y a otros críticos de su decisión, a que demuestren con elementos técnicos que es factible salvar a Temacapulín.

Según Sandoval, dejar la presa en 80 metros sería más costoso y riesgoso que elevar la cortina a 105 metros, pues si hubiera una tormenta fuerte se pondría en riesgo a los pobladores de las tres comunidades cercanas.

A su vez, el diputado federal Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, dijo que el gobernador faltó a dos responsabilidades: Hacer valer la resolución de la SCJN de que la cortina quedara en 80 metros para no inundar a los pueblos, y hacer valer los decretos que garantizan los derechos de agua del río Verde para Jalisco.

MC y sus diputados en el Congreso de Jalisco ratificaron la postura que ofreció Castañeda, y criticaron el que los especialistas de la UNOPS no tomaron en cuenta para su estudio las voces disidentes, incluidas las de los pobladores de los pueblos en riesgo, y las de productores de la región de los Altos, quienes afirman que privatizar el agua traerá funestas consecuencias para sus actividades agropecuarias.