La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió una advertencia a la trasnacional PKC Arneses y Accesorios de México para que reinstale a cuatro dirigentes sindicales que había despedido o irá a la cárcel el representante legal de la empresa.

El caso se resolvió bajo el expediente 31/2013 y la junta determinó que se ejecuten medidas de apremio a que se ha hecho acreedor el representante legal de la empresa Arneses y Accesorios de México, consistente en un arresto hasta por 36 horas, al reincidir en la no reinstalación de los cuatro trabajadores.

Los despedidos que tienen que ser reincorporados en su centro de trabajo son: Alejandro Ojeda Ramírez, Javier Díaz Gómez, Ana María Méndez Pacheco y María de la Paz Calvillo Solano, tal como se ordenó en el auto del 24 de noviembre de 2016.

Cabe referir que dichos obreros son dirigentes de la sección 307 del Sindicato Nacional Minero, en Ciudad Acuña, Coahuila, y fueron despedidos el 14 de diciembre de 2012. Esto, luego de que el 15 de noviembre de 2012 exigieran su derecho de libertad sindical.

El conflicto laboral en la empresa trasnacional (cuya matriz, PKC tiene su sede en Finlandia) se dio a partir de que los trabajadores de la empresa determinaron buscar la representación del Sindicato Nacional de Mineros y dejar el gremio de protección patronal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) dado que éste llevaba cuatro años sin pedir revisiones salariales ni contractuales.

Esto es porque los 7 mil 200 obreras y obreros de la compañía tiene salarios de hambre, en promedio de 100 pesos diarios, que son menores al promedio nacional, y muy bajos respecto del costo de vida en la frontera, además de que les imponen condiciones laborales deplorables en los que no tienen ni permiso de tomar agua o ir al baño.

Por ello trabajadores de la empresa buscaron tener una nueva representación y el Sindicato Nacional de Mineros demandó la titularidad del contrato colectivo de trabajo; sin embargo, los dirigentes fueron despedidos, y el reclamo fue apagado con amenazas para el resto de los trabajadores.

Sin embargo, desde el 15 de noviembre de 2012, la JFCA se ha negado a señalar fecha para el recuento de votos, por lo que los trabajadores no pueden ejercer su derecho de elegir libremente al sindicato de su preferencia, como lo señala la Constitución y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.