La respuesta del gobierno mexicano a los señalamientos en contra de algunas dependencias de realizar espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos no puede limitarse a una persecución penal bajo el enfoque de afectaciones a la libertad de expresión. Esto significaría ignorar otros aspectos igual de relevantes para el combate a la impunidad.

Así lo señalaron las organizaciones y personas que forman parte de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, que lamentaron que el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, haya desestimado la denuncia de varios afectados por un presunto espionaje, pues con ello se evidencia que los gobernantes mantienen una política de responsabilizar a las víctimas de las violaciones de que son objeto.

Esta instancia, conformada por 23 organizaciones, como la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana, y defensores como Abel Barrera o Edgar Cortez, indicaron que las declaraciones de Peña Nieto también pretenden ignorar que es estricta responsabilidad de las instituciones de procuración de justicia y administrativas esclarecer hechos como los denunciados y deslindar responsabilidades. En este caso la acusación recae directamente sobre el Ejecutivo y la única posibilidad existente es pedirle al mismo que investigue.

Por ello, consideraron que el grupo de apoyo técnico para las indagatorias –anunciado el lunes por el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría gebnral de la República (PGR), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo– se inscribe en una lógica de investigación sumamente estrecha y podría tender al control político de daños, pero no el esclarecimiento de los hechos.

En ese sentido, demandaron que mejor se establezca un panel de expertos independientes nombrados y auspiciados por organismos internacionales de derechos humanos, pues estamos ante la paradoja de que la PGR debe investigar al mismo Ejecutivo; que exista un mecanismo de seguimiento puntual y rendición de cuentas al plan de investigación de la procuraduría para agotar todas las líneas de investigación.

Asimismo, exigieron que los órganos internos de control de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la visitaduría general de la PGR realicen las respectivas investigaciones internas para determinar qué funcionarios, e incluso particulares, tuvieron acceso al uso de cualquier programa de espionaje y la utilización realizada del mismo; que se transparenten los contratos respectivos a fin de determinar su apego al marco jurídico y saber quiénes fueron las personas que pudieron acceder a esta información.

Al Congreso de la Unión le demandaron iniciar un proceso de cambios al marco jurídico para asegurar transparencia y rendición de cuentas respecto de la compra de cualquier tipo de tecnología de intervención de comunicaciones, y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que garantice el acceso a la información sobre la adquisición y uso de esta tecnología intrusiva, evitando la secrecía bajo un abusivo uso del concepto de seguridad nacional.