Buenos Aires.

El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó este martes al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por la emisión de un bono a cien años que implicaría un perjuicio para el Estado argentino y solicitó al juez Ariel Lijo que investigue la operación y adopte medida para reunir información sobre esta situación.

Zoni se basó también en la denuncia presentada por diputados del opositor Frente para la Victoria, encabezados por Darío Martínez, contra el presidente Mauricio Macri y parte de su gabinete por la colocación del bono de dos mil 750 millones de dólares mediante un bono en dólares al inusual plazo de 100 años, algo que el Ejecutivo calificó como un reflejo de la confianza de los inversores en el país, lo que significa un fenomenal perjuicio descripto por el Estado, que es equivalente al fabuloso beneficio que obtienen los inversores, que en un lapso mínimo de una hora desde el lanzamiento de este bono por parte del Gobierno Nacional, ya lo habían adquirido en su totalidad, excediendo tres veces con sus ofertas la cifra ofertada.

Se solicitó la investigación a Caputo y el fiscal advirtió que no se puede soslayar el interés y trascendencia que reviste la temática denunciada, por las consecuencias y entidad de los perjuicios económicos que le generan al Estado Nacional las conductas imputadas además de la serie de notas que aparecieron en los últimos días donde especialistas han cuestionado este endeudamiento lo que también justifica la apertura de una investigación criminal.

Varios portales registraron que el editor de Economía del Financial Times realizó una encuesta mediante Twitter preguntando cuál era la locura más grande en materia financiera a nivel mundial . La respuesta mayoritaria es que se trata del bono a cien años de Macri. No es el único medio europeo que ha criticado la política de Macri.

El diario marileño El País de Madrid publicó un informe criticando duramente las medidas económicas del gobierno de Macri, que convirtieron al país en un paraíso para los especuladores gracias a la bicicleta financiera, que se hace a través de los bonos Lebacs. Dice que han llegado al país millones de dólares, pero pocos de los billetes verdes traídos por los extranjeros van a la economía productiva, esencial para generar nuevos puestos de trabajo y crecimiento, sino que se desvían hacia el gran negocio de prestar dinero al Estado y obtener a cambio rendimientos fabuloso.

Pero además el Ministerio de Finanzas anunció una nueva emisión de deuda que salió al mercado financiero con Letras del Tesoro por un total de mil 50 millones de dólares, advierten los portales. Las mismas tendrán plazos de vencimientos a 6, 12 y 18 meses. Las condiciones son también temibles.

Todo esto sucede cuando la inflación se incrementa día a día y el salario mínimo acumula una pérdida del poder adquisitivo del 28 y hasta casi 40 por ciento por ciento de la canasta básica total.

Centrales sindicales exigen aumento salarial

La dirigencia de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y de la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó una oferta de incremento del salario mínimo vital y móvil de 20.5 por ciento en tres largas cuotas. Esto significaba llevar el piso salarial de ocho mil 60 pesos que se paga en la actualidad a ocho mil 800 pesos a partir del próximo sábado, nueve mil 200 pesos a partir de enero de 2018 y nueve mil 800 pesos a partir del 1º de julio del año que viene, lo que aparece como una burla gubernamental.

Esto es inaceptable, sostuvo Pablo MIcheli, secretario general de la CTA Autónoma, en lo que están de acuerdo los otros dirigentes sindicales que reclamaron un piso salarial de 14 mil 600 pesos, recordando que la canasta básica aumentó a más de catorce mil pesos.

La mañana de este martes una multitudinaria marcha de organizaciones sociales, integrantes de cooperativas y de la economía social y popular protestaron frente al Ministerio de Trabajo cuyo titular Jorge Triaca, es denunciado por los trabajadores, como un ministro que protege a los empresarios y no los defiende.

Los accesos a la ciudad fueron cortados y hubo ollas populares en diversos sitios en momentos de las negociaciones que debían definir cual sería el salario mínimo ante la imposibilidad de millones de argentinos de llegar a fin de mes. Los manifestantes piden en este caso un 75 por ciento de aumento para alcanzar los 14 mil pesos de la canasta básica. En la actualidad nuestros ingresos están en cuatro mil 30 pesos, lo que significa que estamos por debajo de la canasta de indigencia, dijo Marianela Navarro, representante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que reclama un lugar en el Consejo del Salario a los sectores precarizados, señala Página 12.

Los dirigentes sindicales por su parte sostuvieron que el ministro Triaca, advirtió que el gobierno podía decretar el aumento que se ofreció de acuerdo con los empresarios, es decir en tres tramos y sólo 20 por ciento lo que no puede ser aceptado en estas circunstancias cuando las tarifas han aumentado entre 300 y 500 por ciento y la situación de pobreza se extiende como el aceite.

El plan de ajuste de Macri avanza cada día y en estas horas se conoció que se anuló el plan social progresar del gobierno anterior que era una beca para un millón de estudiantes que trabajaban, y que cursaban regularmente sus estudios y aprobaban una determinada cantidad de materias al año. Al sacar el plan progresar miles de jóvenes no podrán continuar su carrera universitaria. También los científicos han salido a las calles e irán al Congreso a denunciar que se les están quitando todos los fondos para investigación y las becas.