una semana escasa de los trágicos incendios forestales que se desencadenaron en Portugal, con saldo de 64 personas muertas, 250 heridas y una enorme devastación material en decenas de miles de hectáreas, ahora el fuego devastó los bosques situados al norte de la reserva natural de Doñana, Andalucía, en la vecina España.
Por fortuna, hasta ayer ese nuevo siniestro no había provocado pérdidas humanas, pero obligó al desalojo de miles de personas y puso en peligro las localidades de Mazagón (Huelva) y Matalascañas, en el municipio de Almonte. A diferencia del caos padecido por los habitantes de los parajes portugueses de Pedrógão Grande, Góis, Castanheira de Pêra y Nodeirinho, que fueron abandonados a su suerte durante las horas más críticas por las autoridades regionales y nacionales, en el sur de España se reaccionó al menos con agilidad y el gobierno procedió a cerrar las carreteras que atraviesan los bosques incendiados, las cuales, como ocurrió la semana pasada en Portugal, se convirtieron en trampas mortales en las que decenas de personas murieron calcinadas a bordo de sus vehículos.
El origen de ambos siniestros ha sido atribuido a una multiplicidad de factores naturales, como las llamadas tormentas secas (tormentas eléctricas que no van acompañadas de lluvia), los fuertes vientos que suelen llevar aparejados y la sequedad del territorio, aunque en ambos casos empieza a hablarse de responsabilidades criminales
en el inicio del fuego. Pero es claro que hay también circunstancias sociales, políticas y económicas que no sólo hicieron posible que ambos incendios adquirieran proporciones desmesuradas sino también, en el caso portugués, se tradujeran en una catastrófica pérdida de vidas y de bienes.
Entre los segundos factores están la imprevisión y el descuido de los gobiernos en la protección de los entornos naturales, las fallas organizativas y de comunicación en las instituciones de protección civil e incluso prácticas corruptas, como la contratación de sistemas de control de incendios por el triple de su valor de mercado. Otra circunstancia que hizo posible un desastre de ese tamaño en Portugal ha sido una política forestal que alteró las proporciones de las especies tradicionales de árboles de la región e impulsó, en aras de mejores tasas de rentabilidad de las tierras, la plantación masiva e irregulada de eucaliptos, árboles que arden con más facilidad que otras variedades.
Por lo demás, no resulta fácil entender cómo es que las autoridades españolas fueron incapaces de acotar y minimizar el gran incendio forestal al norte de Doñana cuando tenían tan cerca en el tiempo y en la distancia el caso de los bosques portugueses.
Para finalizar, lo ocurrido en ambos países refleja hasta qué punto dos estados pertenecientes a la Unión Europea se han desentendido de sus obligaciones de proteger el medio ambiente, la vida y las propiedades de los habitantes, fenómeno que se explica por la adopción de políticas económicas que reducen al mínimo lo público, maximizan el imperio de lo privado y no aceptan estrategias gubernamentales que no se traduzcan en incrementos inmediatos de la rentabilidad.
La lección debería ser tomada en cuenta por todos los países, en particular por el nuestro, que ha ofrendado buena parte de sus bosques y selvas a la lógica de la ganancia, ha permitido la implantación de proyectos de desarrollo dañinos para la población y para el entorno –explotaciones mineras y energéticas, carreteras, parques industriales, centros comerciales, entre otros– y difícilmente está preparado para hacer frente a siniestros como los de Portugal y España.
