José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró fundamental que haya una buena legislación secundaria y un esquema de transición adecuado al nuevo sistema de justicia laboral, ya que de ello depende la estabilidad del derecho del trabajo en México.

Si partimos de una mala legislación, me parece que un sector que está razonablemente tranquilo, lo podemos intranquilizar y generar un conflicto donde no lo hay y aquello que se suponía una generadora de soluciones, se puede convertir en una generadora de problemas, recalcó.

En una conferencia magistral en el cuarto Congreso sobre Evolución del derecho mexicano del trabajo, Cossío Díaz se refirió a la legislación secundaria de la reforma laboral aprobada a fines de 2016, que desapareció las juntas de Conciliación y Arbitraje y dejó la resolución de conflictos obrero-patronales en el Poder Judicial.

Explicó que la legislación reglamentaria debe estar lista antes del 25 de febrero de 2018 en que, de acuerdo con la reforma constitucional, debe operar ya el nuevo sistema de impartición de justicia laboral y un punto toral es que debe incluir el posible desahogo oral de juicios en esa materia.

“No es lo mismo, y digo una obviedad, que yo esté sentado y diga, ‘a ver, hable el abogado del patrón o el del trabajador y después el otro’, que los peritos compongan y descompongan y yo ordene y diga ‘algo más que agregar: presenten sus alegatos. Listo, ahí va la sentencia’. Eso hace toda la diferencia en esta materia.”

Consideró que otro factor que se debe analizar es cómo quedarán los procesos en la ley, ya que habrá que definir si se crea un código nacional de procedimientos laborales.

Es importante ello, insistió, porque con la Ley Federal del Trabajo y sus procedimientos actuales para impartir justicia será complejo el desahogo de los procesos que habrán de entrar en vigor.

La reforma desapareció las juntas de Conciliación y la solución de conflictos obrero-patronales pasó a tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. Cuando la reforma se aprobó en el Senado los legisladores coincidieron en que esa transferencia al Poder Judicial permite avanzar a una justicia laboral menos costosa y más expedita.