Representantes de instituciones electorales exhortaron a senadores a no aprobar en sus términos la minuta que permite al Ministerio Público tener acceso al registro de electores sin orden judicial.

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, se reunieron a puerta cerrada con legisladores de todas las fuerzas políticas, entre ellos la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priísta Cristina Díaz, con el fin de insistir sobre los riesgos de aprobar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, que propiciará, advirtieron, fugas de datos personales.

En ese encuentro, realizado el miércoles por la noche, se analizó la reforma al artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), los funcionarios expresaron preocupación sobre posibles violaciones a los datos personales y consideraron que es algo delicado, recalcó la senadora Díaz.

El senador Héctor Larios, del PAN, presente en la reunión, explicó que en la Legipe se indica que el Ministerio Público sólo podrá tener acceso a la información contenida en el Registro Federal de Electores con una orden judicial de un juez de control.

La modificación aprobada ya en San Lázaro, en diciembre de 2016 –que debe dictaminar el Senado en su papel de cámara revisora– elimina ese requisito y deja vía libre para que el Ministerio Público acceda libremente a la información de los ciudadanos, recalcó el senador Larios y coincidió en que el riesgo es que haya fuga de información.

Durante la reunión, detalló, los representantes del INE y la Fepade señalaron que ahora hay un promedio de 100 mil consultas de información al Registro Federal de Electores, las que se elevarán de manera considerable si se aprueba la reforma.

En la minuta se prevé que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo que sean solicitados por el Ministerio Público.

En la exposición de motivos se justifica que el cambio abona a la legislación nacional en materia de persecución de delitos.