El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseveró que la prohibición de la tortura en México es absoluta, porque se trata de una grave violación de las garantías básicas que no es ni podrá ser negociable.

El ombudsman nacional manifestó que todos los estados deben cumplir con sus obligaciones de prevenir esa práctica, investigarla y sancionarla, para erradicar la impunidad de los responsables, así como reparar los daños a las víctimas de ese y de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y llamó a no perder la indignación ante ese delito.

Al encabezar el acto conmemorativo del décimo aniversario del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura enfatizó que la nueva ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes, por sí misma no evitará dicha práctica si no cuenta con recursos, profesionalización de operadores y voluntad política para evitar la corrupción y la impunidad.

Anunció que la CNDH propondrá a la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos que discuta e impulse la creación de mecanismos locales para prevenir ese flagelo.