n comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, anunció el propósito de la administración de Donald Trump de empezar el 16 de agosto las rondas de negociación para adecuar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a las exigencias planteadas por el presidente estadunidense desde su campaña.

Según el funcionario, vamos a tener un buen acuerdo tan pronto como podamos, pero sin un plazo artificial, y agregó que su gobierno toma en cuenta los calendarios electorales de sus socios comerciales. Los legisladores presentes expresaron reacciones encontradas. Mientras el republicano por Utah, Orrin Hatch, presidente del citado comité, se manifestó por restringir el instrumento al ámbito comercial y no incluir en él asuntos laborales y ambientales, Ron Wyden, demócrata por Oregon, propuso una reforma total del TLCAN para incluir en él nuevos rubros –entre ellos, el de las divisas– y extenderlo a la propiedad intelectual, especialmente de productos digitales, y a Internet, así como eliminar el mecanismo actual de resolución de controversias.

Es lamentable que la opinión pública mexicana deba enterarse por declaraciones de funcionarios del país vecino, y no por conducto de su gobierno, de los calendarios de la negociación y que conozca las intenciones de los políticos estadunidenses sobre la reforma del TLCAN, pero no las de los representantes oficiales de México.

Es importante considerar que la opacidad en la que las autoridades de nuestro país mantienen los contactos de cara a larenegociación, más densa incluso que la que caracterizó la gestación original del tratado durante el salinato, lejos de fortalecer la posición del gobierno mexicano ante su contraparte, la debilita. Más aún, sería deseable que el poder público llevara a cabo una campaña de información abierta sobre lo que se pretende renegociar, las modalidades del proceso, así como los beneficios y perjuicios que el país puede esperar de las modificaciones.

En otro sentido, las afirmaciones del legislador Wyden hacen temer que en las cúpulas políticas de Washington esté presente la tentación de presionar para convertir el TLCAN en una suerte de pequeño Acuerdo Transpacífico como el que rechazó Donald Trump a principios de su mandato. Ese instrumento abortado –que fue sin embargo respaldado con entusiasmo por las autoridades mexicanas– habría sido, como lo señalaron en su momento diversos especialistas y organizaciones, desastroso para el desempeño institucional y la soberanía del país, por cuanto habría atado las manos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las habría supeditado a instancias internacionales de solución de controversias y habría entregado la nación a los designios de las trasnacionales con actividad en México.