La Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes llamó a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a frenar los altos índices de violencia que viven los menores de edad en la región.

En el contexto de la 47 Asamblea General de la OEA, que se realiza en Cancún, Quintana Roo, Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de la red, destacó que la violencia generalizada es uno de los mayores problemas en América Latina y el Caribe, algunas de sus expresiones son violencia intrafamiliar y sexual, migración y desapariciones forzadas, trata de personas, corrupción e impunidad.

En mensaje dirigido a los estados miembro de la OEA, el activista ubicó la migración infantil como una de las preocupaciones, ya que coloca en posición de vulnerabilidad a ese sector, que enfrenta múltiples riesgos como: robo, secuestro, abuso sexual, homicidio, tráfico de órganos y explotación sexual y laboral.

Ante las políticas de seguridad, dijo, se estima que en América Latina y el Caribe más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes tienen a su madre o su padre privado de libertad y por ello viven en situación de vulnerabilidad que debe ser atendida por los estados.

Otro de los retos planteados por la red es brindar atención y servicios de calidad a la primera infancia. Muchos estudios dan cuenta del valor tan importante que tiene apoyar el desarrollo de niños y niñas en los primeros mil días de vida, y desafortunadamente no es algo que esté presente en nuestra región, destacó Pérez García.

Agregó que una crisis más está vinculada al abandono escolar, y ejemplo de la gravedad de la situación es que más de la mitad de los adolescentes de 17 años de edad están fuera de la escuela. Ello requiere garantizar trayectorias completas y exitosas, y no únicamente el acceso o la cobertura. De lo contrario, condenamos a este segmento de la población a trabajos precarios y a heredar la pobreza.

Para la red, uno de los graves retrocesos son los procesos de reforma para reducir la edad de imputabilidad penal e incrementar las condenas de privación de la libertad para adolescentes en conflicto con la ley.

Es indispensable avanzar en la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes y hacer el tránsito y el cambio cultural. Los niños no son propiedad de las familias ni de las comunidades, son ciudadanos que requieren el reconocimiento y la escucha de todas y todos los estados, finalizó el secretario ejecutivo de la red.