a grave situación económica del estado ha empeorado en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, pues si bien es cierto que recibió una deuda de 87 mil millones de pesos, en los primeros seis meses de su gestión aumentó el pasivo en $4 mil 800 millones, más de 5.5 por ciento, proporción que podría ser mucho mayor, pues la administración estatal oculta los intereses y la tasa bancaria a la que fueron contratados los créditos.

A mediados de marzo la fracción priísta en la Legislatura se sumó al rechazó a la solicitud del Ejecutivo de restructurar 45 mil millones de pesos de pasivos, pero algo sucedió, pues semanas después no sólo aprobaron el nuevo endeudamiento sino que desde el Altiplano le fue autorizado a Yunes un adelanto de las participaciones federales para que comenzara a trabajar, pues, con su estilo catastrofista, había advertido que estaba en riesgo la funcionalidad del gobierno.

Es de suponer que la atrocidad del saqueo del duartismo avasalla cualquier esfuerzo institucional para paliarlo y que tanto ofrecer en campaña como demandar socialmente resultados en tan corto periodo es irresponsable.

Pero la opacidad empaña el discurso yunista de transparencia y aplicación del dinero para el bienestar colectivo, pues el Programa Estatal de Finanzas Públicas 2017-2018 acepta que la deuda ya rebasó 92 mil millones de pesos, y que los nuevos empréstitos servirán para cubrir pagos bancarios y bursátiles por alrededor de 6 mil millones de pesos. Del resto, incluidos pasivos del Instituto de Pensiones del Estado, deudas con proveedores y contratistas, adeudos con el fisco y con municipios, entre otros, no dice ni una palabra.

El programa tampoco aclara a cuánto asciende el pago de intereses a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el adelanto de participaciones federales y, por otra parte, oculta el nombre de los bancos con los cuales se adquirieron los créditos y en qué condiciones.

Por lo pronto, Yunes anunció ayer un programa de inversión en salud, algo que conoce bien, pues durante su paso por la dirección del Instituto de Seguridad Socal y Servicios de los Trabajadores del Estado en el gobierno de Felipe Calderón urdió las relaciones comerciales y componendas que le valieron una investigación por peculado y malversación, la cual, como espada de Damocles, está a disposición del gobierno de Enrique Peña Nieto para utilizar al panista como peón sacrificable en el tablero sucesorio de 2018.