Asunción Nochixtlán, Oax.

La carretera 135D, México-Oaxaca, hace una especie de letra C a su paso por Nochixtlán. En ambas puntas persisten las huellas del choque del 19 de junio del año pasado (¿Cuál enfrentamiento? Aquí lo que hubo fue simplemente represión del Estado, ataja un maestro bajo el solazo del mediodía). En un extremo sobreviven los restos de la sede de la Policía Federal, a la que maestros y pobladores prendieron fuego hace un año. En el otro, siguen bloqueando el camino los esqueletos de los vehículos pesados consumidos por las llamas.

A un año de los hechos sangrientos que dieron un vuelco al persistente conflicto magisterial, los profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se dejan caer en cientos de vehículos. Desde su carro de sonido, en una marcha de cinco kilómetros de largo, repiten una y otra vez que se trata de una gran movilización por la dignidad y contra la represión.

A las consignas clásicas de la 22 se añade la que alude directamente a esta población. Es quizá el grito más repetido: ¡Nochixtlán!, dice una voz. Y el coro responde: ¡Ni perdón ni olvido!

La Policía Federal ha tardado un año en anunciar que publicará, próximamente, su protocolo de actuación para desalojos y similares. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anuncian avances en sus pesquisas. En los meses recientes, el joven gobernador Alejandro Murat se ha reunido en dos ocasiones con los integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad y les ha prometido construir una universidad que enfatice disciplinas relacionadas con los derechos humanos y también un centro integral de rehabilitación terapeútica para brindar atención a los heridos del 19 de junio de 2016.

Un pinche Teletón más, dice, por lo bajo, un líder comunitario de la Mixteca quien prefiere se omita su nombre. No me quiero pelear con la 22.

Para ir de la retaguardia a la vanguardia de la marcha se toma un taxi que porta el emblema del Frente Amplio de Lucha Popular, una de las organizaciones que apoyaron la movilización magisterial del año pasado.

El taxista refunfuña. Dice que no estarán más con los maestros porque han puesto al frente del Comité de Víctimas a puros vividores y porque el rechazo a la presencia policial en Nochixtlán ha hecho crecer los robos de vehículos y a domicilios. “Esta era una ciudad tranquila, segura… Vamos a terminar agarrándonos con ellos, no tarda”, dice, poco antes de mostrar la pistola que guarda debajo de su asiento.

Mientras la marcha, mayoritariamente magisterial, de no ser por la presencia de un nutrido contingente del Frente Popular Revolucionario, se acerca a la plaza del pueblo, dos de las familias con víctimas mortales hacen sus propias ceremonias: misas y procesiones que encabezan las fotos de sus muertos. Al frente de una de las procesiones portan la foto de Jesús Cadena, un catequista de 19 años que según diversos testimonios estuvo en la refriega para ayudar a los heridos.

La marcha hace una escala frente al memorial de las víctimas. Ocho estatuas en actitud combativa y puños en alto, con coronas y flores. En la parte trasera, el Comité de Víctimas decidió dejar las estatuas rotas –fueron destruidas en dos ocasiones por desconocidos– que, tiradas en el suelo, deshechas, subrayan la memoria de la barbarie.

Ahí toma la palabra Eloy López, el dirigente que apenas lleva unos meses al frente de la sección 22. Maestro de una escuela comunitaria, sus primeras frases son en mixteco. Luego, reparte las culpas de rigor, que incluyen la mención al aparentemente olvidado gobernador Gabino Cué. Nervioso, inexperto, rechaza cuando puede hablar con la prensa, aunque repite con soltura las consignas más socorridas del movimiento magisterial.

Sigue en el micrófono Sergio Luna, padre de uno de los asesinados, quien exige castigo para los responsables intelectuales y materiales de la muerte de su hijo, además de repetir la denuncia de amenazas de muerte que ha recibido, misma que hizo hace dos días hizo frente al presidente de la CNDH y el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Desde el fondo de nuestras entrañas surge una demanda que clama justicia y verdad, dice el padre, en su dolor renovado por el aniversario.

En la marcha, al tiempo que se grita, el coro griego va recordando aquellas terribles horas que muchos de los asistentes vivieron hace un año. Se señalan lugares, hay rezos y ademanes de persignarse en los lugares donde cayeron los heridos y los muertos.

Los marchistas pasan junto a un anuncio espectacular pagado por el senador Benjamín Robles, que propone a su ahora enemigo –porque fue su coordinador de campaña– que ponga sus barbas a remojar porque van tras él. El anuncio da pie a que un profesor del Istmo recuerde que, según información oficial, en el operativo participaron 400 elementos de la Policía Federal y 450 estatales. Y también que aunque en la narrativa oficial, las fuerzas estatales jugaron un papel marginal, de acompañante, al frente iba un comando de estatales armado hasta los dientes.

La marcha llega al Zócalo. El primero en el micrófono es Israel Pedro Cortés, de la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, y tras él desfilan representantes de diversas organizaciones sociales y los representantes de otras secciones de la CNTE.

Ya entrada la tarde, en el arranque de un concierto que cierra tres días de actos conmemorativos, habla el titular de la Defensoría oaxaqueña, Arturo Peimbert, otro ex aliado de Cué que ahora quiere verlo en la cárcel. Gastaron mucho dinero en matar personas, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le cuesta mucho trabajo pagar lo que la gente ha gastado en salud, en enterrar a sus muertos.

Su discurso es interrumpido por gritos de un grupo de personas, encabezado por David Venegas, El Alebrije, un ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca quien, en 2013 y desde la cárcel, dio a conocer una carta en la que acusaba a la sección 22 de haber pasado de ser un frente de defensa de los derechos de los pueblos a hacer de bisagra entre los poderosos y los explotados.

La interrupción deriva en un sainete con patada incluida al titular de la defensoría.

Poco antes ha terminado una misa que no llena el templo. Acuden, un par de familias de asesinados que decidieron no participar en la marcha.

El año pasado, tras la represión del 19 de junio, en las protestas llevaron la voz cantante las autoridades municipales. Los alcaldes reprocharon al magisterio, a veces con dureza, su falta de compromiso con los bloqueos y el hecho de que ninguno de los caídos fuese docente. Hoy, en la marcha, no se vio a las autoridades locales, aunque algunas sí acudieron a la celebración religiosa.