Defensores de derechos humanos, activistas y periodistas demandaron al gobierno federal una explicación por los presuntos actos de espionaje en su contra que habrían sido cometidos por instancias gubernamentales, acciones que se dieron a conocer en un informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que fue publicado por el periódico estadunidense The New York Times.

Los afectados presentaron ayer una denuncia por estos hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por espionaje y otros delitos, por lo que demandaron una investigación inmediata e independiente. Asimismo, solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dieron aviso a organismos internacionales de defensa de garantías fundamentales.

Posteriormente, citaron a una conferencia de prensa en la que acompañados por organizaciones como Artículo 19, oficina para México y Centroamérica; y R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, informaron que el informe de la instancia académica canadiense muestra el uso de un malware altamente sofisticado y comercializado por el grupo israelí NSO Group exclusivamente a gobiernos, los cuales en el caso de México se habrían usado para espiar los teléfonos móviles de periodistas, defensores y activistas con un costo de 77 mil dólares (cerca de un millón 400 mil pesos) por cada celular infectado.

Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, leyó un posicionamiento en torno a estos hechos en el que subrayó que la investigación de Citizen Lab muestra evidencias para señalar que instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) son clientes de NSO y que personas en México han sido objetivos de esta forma de vigilancia.

Se dijo que estos hechos no son aislados, sino que se trata de una vigilancia sistemática de actores de la sociedad civil que resultan incómodos.

De acuerdo con los reportes, los afectados son: Mario Patrón, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer, director, subdirector y coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respectivamente; los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga (estos dos últimos miembros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad); inclusive el hijo de Aristegui, Emilio, quien era menor de edad; así como Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad.

Estas acciones de espionaje se dieron entre 2015 y 2016 y se incrementó en momentos relevantes en la que los afectados realizaban labor en favor de víctimas de violaciones a derechos humanos, reportajes sobre corrupción gubernamental o propuestas para leyes anticorrupción. En la conferencia estuvo John Scott Railton, de Citizen Lab, quien detalló que el malware se inserta en los celulares a través de links enviados por mensajes de texto (sms) y una vez infectado el aparato de comunicación es hackeado y se tiene acceso a toda la información e inclusive a los micrófonos y cámaras.

Carmen Aristegui aseveró que después de estas revelaciones el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, “tiene que dar explicaciones. ¿Qué tiene que decir el jefe del Estado mexicano ante una operación donde los agentes del Estado, lejos de hacer lo que tienen que hacer legalmente, han utilizado nuestros impuestos para cometer ilícitos graves? El Presidente está obligado, no es una cortesía, a darnos explicaciones. Esto es inaceptable, como lo es más todavía que asesinen a periodistas en México y no pase nada. Es inaceptable el espionaje y que hayan asesinado a Javier Valdez, a Miroslava Breach (corresponsales de La Jornada) y a otros que suman más de 100 en los años recientes”.