usto cuando The New York Times informa y denuncia en su portada que el gobierno de Enrique Peña Nieto espía a comunicadores y activistas –por medio de Pegasus, tecnología supuestamente destinada al combate del crimen organizado–, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, sale a decir a los medios que el actual no es el peor momento para los periodistas en México, porque, afirma, desde la administración de Vicente Fox subió la violencia contra el gremio.

Algunos supondrán que es una lamentable coincidencia (la denuncia del rotativo estadunidense y la declaración del funcionario), pero en los hechos la afirmación del citado personaje sólo confirma –por si alguien tuviera dudas– que como parte del abultadísimo inventario de asuntos que al gobierno peñanietista ni de lejos le interesan se cuenta la seguridad de periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción, y, desde luego, el respeto a sus garantías constitucionales.

Dice Campa que el actual no es el peor momento en México (El Universal) para periodistas y activistas, con todo y que el gobierno federal abiertamente incumple con el mecanismo de protección –que lo mantiene sin recursos presupuestales, o con el mínimo necesario para pagar la nómina– para ambos destinatarios y nada hace para procurar justicia, pero, eso sí, se esmera y está más que entretenido espiando a unos y otros –incluyendo a los hijos de comunicadores, menores de edad, por cierto–, gastando elevadísimas cantidades –todas provenientes de los impuestos pagados, entre otros, por periodistas y activistas– y fingiendo demencia a la hora de investigar el creciente número de asesinatos y encarcelar a los responsables materiales e intelectuales. Y en esa misma tesitura se mueven los gobiernos estatales.

El mensaje de Campa es claro: si el actual –con cerca de 40 colegas asesinados (más un sinfín de agresiones) sólo en el transcurso del gobierno peñanietista– no es el peor momento en México para periodistas y activistas de los derechos humanos, entonces ¿vienen peores? No cabe duda de que la levedad e irresponsabilidad con las que EPN y sus muchachos abordan este tipo de situaciones es verdaderamente escalofriante. La negación sistemática y el cinismo como políticas públicas, y en todos los ámbitos los resultados están a la vista.

No puede dejarse a un lado el reciente discurso del inquilino de Los Pinos, en el sentido de que –con el espionaje a toda velocidad– “mi gobierno es, y seguirá siendo, respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación… El ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad democrática… La libertad de expresión es lo importante”. ¿En serio?

Y lo dijo en una ceremonia del Consejo de la Comunicación, es decir, del organismo patronal que utilizó todo su poder económico y político –que no es poco, con el siempre pío Lorenzo Servitje a la cabeza, benefactor de los Legionarios de Cristo– para, por ejemplo, silenciar las denuncias en contra de los curas pederastas, con Marcial Maciel a la cabeza (otra historia es si los entonces comunicadores censurados y boicoteados decidieron posteriormente trabajar para los mismos que los censuraron).

Entonces, resulta que el gobierno peñanietista, oficial y legalmente responsable de garantizar los derechos individuales de los mexicanos, actúa como delincuencia organizada al violarlos y negarlos. Peña Nieto está obligado a explicar de qué se trata todo esto, pero hasta el cierre de esta entrega de Los Pinos no había salido una sola palabra, un murmullo, para intentar dar una versión medianamente atendible –algo por demás infructuoso de cualquier suerte- sobre el espionaje a comunicadores y activistas. ¿Lo dejará pasar? Lo más probable, como todo lo demás.

En vía de mientras, La Jornada reseñó así la información del citado rotativo estadunidense: “Periodistas y activistas mexicanos han sido espiados por medio de un programa israelí adquirido por el gobierno que se infiltra en los teléfonos inteligentes, según una investigación que publica hoy el diario The New York Times. Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadunidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.

“El programa en cuestión es Pegasus, software fabricado por el grupo israelí NSA Group, que lo vende a los gobiernos para investigar al crimen organizado y terroristas. De acuerdo con el diario, que examinó decenas de mensajes con apoyo de especialistas, ha sido usado para vigilar, entre otros, a la periodista Carmen Aristegui y a Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, impulsor de una ley anticorrupción.

“El diario indicó que no hay pruebas definitivas de que el gobierno esté detrás del espionaje, pero indicó, de acuerdo con ciberexpertos, que hay pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados. El software se apropia de información de los teléfonos inteligentes y permite incluso grabar conversaciones y filmar a través del propio dispositivo, una vez que logra que la persona afectada dé click a un enlace engañoso. Los intentos para realizar hackeos fueron muy personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares, dice la investigación.

“En el caso de Carmen Aristegui, un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle click en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. También el hijo adolescente de Aristegui recibió mensajes de texto engañosos, mientras la esposa de Pardinas recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío para tratar de hacerle abrir un enlace. Entre los supuestos espiados está también el periodista Carlos Loret de Mola.”

Las rebanadas del pastel

Por lo que se ve en la reunión de la Organización de Estados Americanos en Cancún, queda claro cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto negocia con el de Donald Trump: el aprendiz Luis Videgaray, de tapete de los gringos, siguiendo instrucciones.

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