ace un año, Aurelio Nuño se volvió mudo e invisible durante 50 horas. En la más dramática crisis de su gestión al frente del sector educativo, desapareció y calló. El funcionario adicto a las pantallas televisivas, los micrófonos y las líneas ágatas, se esfumó.

El secretario de Educación, quien durante meses se hizo fotografiar rodeado de policías y militares, como advertencia de lo que le esperaba a los miles de maestros que se oponían a la reforma educativa, desapareció de los medios cuando la fuerza pública asesinó a ocho pobladores de Nochixtlán que rechazaban esa reforma.

Tuvieron que pasar más de dos días y sus noches para que Aurelio Nuño diera la cara al país y a los maestros. Pero en lugar de reconocer la gravedad de la situación que su empecinamiento y torpeza política provocaron, se limitó a lamentar los hechos y a amenazar con que la reforma educativa seguiría su curso.

La responsabilidad del titular de Educación en la masacre no se puede ocultar. El 19 de junio de 2016, la fuerza pública desalojó violentamente un bloqueo carretero que maestros y habitantes del municipio mixteco de Nochixtlán habían instalado para exigir la derogación de la reforma educativa. Las protestas magisteriales en la entidad se habían radicalizado a raíz de la arbitraria e injusta detención, seis días antes, de Rubén Núñez, secretario general de la sección 22, y de Francisco Villalobos, secretario de organización, y de una salvaje campaña de hostigamiento contra los profesores de la CNTE por parte de Nuño.

Ha transcurrido un año y un día de ese trágico 19 de junio, en el que distintas policías ultimaron a ocho habitantes de Nochixtlán, hirieron de bala a más de 100 y dañaron física y emocionalmente a más de 400, entre ellos, muchos niños. Y, a pesar de cargar sobre sus hombros con esa agresión, el responsable de la enseñanza pública del país sigue tan campante en su carrera por la Presidencia.

Ha pasado un año y un día de la masacre, sin justicia, sin verdad, sin reparación de daños. Un año y un día de acoso sistemático y sostenido a las víctimas mediante un grupo paramilitar. Los pistoleros pintan letreros en las casas de las mujeres donde las acusan de ser putas. Visitan las casas de las víctimas y las llaman por teléfono para amedrentarlas. Intentaron matar al presidente de los afectados, el profesor Santiago Ambrosio (que fue herido de bala en una pierna). Balean y destruyen las estatuas que la comunidad levantó en memoria de los ocho muertos. Nadie está a salvo. Incluso han llegado a encañonar al ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert.

La exigencia de esclarecimiento de los hechos del 19 de junio, justicia y reparación del daño son demandas del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio de Nochixtlán, de la sección 22 y de la CNTE. Los afectados se han transformado en defensores de derechos humanos. Han echado a funcionar una radio comunitaria (permanentemente hostilizada por los paramilitares) y establecido alianzas con grupos de víctimas en todo el país. Esperan que su experiencia pueda servir para reorientar otros casos.

Rubén Alcídes, presidente municipal de Nochixtlán agrede permanentemente a las víctimas. Ninguna ha recibido atención sicológica. El alcalde (con apoyo de la PGR) busca confrontar a la población con los damnificados, responsabilizándolos del crecimiento de la inseguridad pública y de la falta de servicios sanitarios y educativos.

La PGR busca diluir las responsabilidades institucionales de la masacre y trasladarlas a algunos policías en particular. Aunque anunció que había detenido a varios de los culpables, no ha notificado a las víctimas. Uno de los detenidos ya salió libre por no haberse seguido el debido proceso.

El Comité de Víctimas ha definido 12 puntos para atender el conflicto. Sobresalen dos: a) que las víctimas puedan contar con asesores jurídicos y peritos que dominen el entorno antropológico y comunitario que permita entender cómo una comunidad indígena responde a una agresión como la que sufrió Nochixtlán; b) que la toma de las declaraciones de los daminificados pueda efectuarse en un recinto institucional de organismos de derechos humanos.

A corto plazo trabajan para que puedan hacerse las diligencias periciales, en las que el defensor de derechos humanos pueda ser llamado para fungir como introductor a los testimonios de las víctimas. Asimismo, en la elaboración de una teoría del caso, en la que se establezcan responsabilidades administrativas y penales por acción y por omisión impropia, en todos los niveles de gobierno. Esto, en la medida en que los distintos mandos del gobierno no frenaron la agresión y pudieron haber retirado a policías en cualquier momento. Buscan que los responsables de perpetrar las heridas de bala a los 100 pobladores sean juzgados no sólo por lesión, sino también por intento de homicidio.

El conflicto de Nochixtlán está en camino de internacionalizarse. Las víctimas decidieron ya acudir a mecanismos internacionales de derechos humanos ante las continuas agresiones contra denunciantes y sus defensores; el fracaso de las medidas emitidas a escala estatal para víctimas, y el estancamiento de la investigación oficial de los hechos por falta de condiciones de seguridad para que los damnificados puedan rendir testimonios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó ya la solicitud de medidas cautelares para cientos de daminificados y para los defensores que llevan el caso. En un descuido, el asunto puede llegar a la Corte Penal Internacional.

La sospechosa invisibilización de lo ocurrido en Nochixtlán no puede seguir. El ejemplo de las 50 horas de silencio del secretario de Educación ha sido repetido en otras esferas de gobierno. Nochixtlán fue un crimen de lesa humanidad. Quienes lo perpetraron deben ser sancionados.

Twitter: @lhan55