n el conjunto de prácticas irregulares y delictivas de los gobiernos mexicanos han tenido un lugar permanente, y destacado, el espionaje y la infiltración, conforme a las circunstancias y modalidades técnicas de cada momento. Institucional, aunque nunca oficialmente aceptado, ha sido el espiar a los adversarios políticos y electorales y a una amplia cartera de opositores y críticos, que va desde líderes sociales, activistas destacados, intelectuales de izquierda, defensores de la legalidad y los derechos humanos y periodistas constante o circunstancialmente molestos. Institucional, aunque nunca oficialmente aceptado, ha sido el insertar en movimientos sociales, dirigencias políticas y partidistas, y movilizaciones masivas, a individuos que provocan y descarrilan, a la par que informan y denuncian.

The New York Times (NYT)potenció ayer en sus planas lo que se ha estado denunciando en instancias mexicanas, como R3D, @r3dmx , Red en Defensa de los Derechos Digitales: el uso en México de tecnología de punta para intervenir de manera integral los aparatos de comunicación por Internet que utilizan determinados periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. En coyunturas críticas para el gobierno peñista (que han sobrado), se buscó insertar el software nocivo denominado Pegasus, que solamente puede ser adquirido por gobiernos, en este caso, por el mexicano.

Un ejemplo deplorable de los niveles de perversidad de esos espías gubernamentales puede encontrarse en el hecho de que uno de los vigilados sea el hijo, adolescente, de Carmen Aristegui, la periodista que ayer, junto con otros compañeros de oficio y activistas, denunció ante la Procuraduría General de la República los casos de espionaje hasta ahora conocidos (otros periodistas también recibieron los mensajes señuelo a los que debería darse clic para activar involuntariamente los programas de espionaje; un tecleador astillado, entre ellos).

La utilización del sistema Pegasus contra ciudadanos en público ejercicio de su profesión u oficio, que informan, analizan, critican y hacen propuestas, es un torvo reconocimiento de la incapacidad política del régimen y de su proclividad a los mecanismos sucios. El abanico de las preocupaciones gubernamentales invasoras va de la mencionada Aristegui y los defensores jurídicos de los 43, a Carlos Loret de Mola, conductor de noticiarios de Televisa que ha proporcionado información delicada sobre masacres cometidas por fuerzas gubernamentales, como sucedió en Tanhuato, Michoacán, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, al Instituto Mexicano para la Competitividad, impulsor del formato anticorrupción conocido como 3 de 3, y a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que preside Claudio X. González.

El mensaje que envían Peña Nieto y sus operadores políticos y cibernéticos (entre los cuales, de manera natural, ha de registrarse al secretario de Gobernación, Osorio Chong, al director del Cisen, Imaz, a los secretarios de fuerzas armadas con áreas de inteligencia y a la estratega de redes digitales, Lagunes) es complementario del que en las calles ha dejado en años recientes una escandalosa lista de secuestrados, exiliados y asesinados (en el sexenio calderonista ha de recordarse el embate de espionaje permanente organizado por el vicepresidente policiaco de aquella etapa, Genaro García Luna).

No sólo se agrede físicamente a los periodistas abiertamente adversos al poder o a aquellos que publiquen datos e información molesta para ese poder: también se invaden sus espacios privados y se controlan sus movimientos personales, en una grosera acumulación informativa que en determinados momentos puede devenir en difamaciones y en el uso escabroso de episodios íntimos (en la serie Black Mirror, de Netflix, está el capítulo Shut up and dance, que puede traducirse como Calla y baila, o Calla y haz lo que te ordeno, referido a un joven extorsionado, para que realizara determinados actos, luego que mediante un malware había sido captado al masturbarse frente a su propia computadora).

La administración peñista, conforme a sus rutinas, apenas hizo como que se enteraba del asunto. En un comunicado con aire ligero, pretendió aprovechar el señalamiento en la nota del NYT de que no hay pruebas específicas de que Los Pinos haya usado el Pegasus (contra ciudadanos que no son criminales ni terroristas; las dos categorías contra las cuales los autores del programa autorizan su uso), aseguró que defiende el derecho de los mexicanos a la privacidad e invitó a los presuntos afectados a presentar sus denuncias ante las instancias adecuadas del gobierno (el mismo gobierno acusado de espiar a los denunciantes).

La difusión de los métodos gubernamentales de espionaje a periodistas, activistas e incluso cuando menos un familiar de aquellos, tiene como antecedentes, mundialmente conocidos, el de las continuas e impunes agresiones al gremio de los informadores (Javier Valdez y Miroslava Breach, como dos botones de muestra) y, por otra parte, el de actos desarrollados con la evidente pretensión de dejar avisos de amedrentamiento al equipo de la periodista Carmen Aristegui, cuyas oficinas fueron allanadas en noviembre de 2016 por personas que actuaron con la cara descubierta, en un caso al que las autoridades no han dado esclarecimiento y, en circunstancias parecidas, en mayo del presente año, el allanamiento a las oficinas de Proceso, el semanario dirigido por Rafael Rodríguez Castañeda.

El episodio detonado por The New York Times, referido a la administración federal mexicana, tiene réplicas, aún insuficientemente denunciadas, en varios gobiernos estatales que, al igual que Los Pinos, han usado grandes cantidades de dinero público para espiar mediante Pegasus, tratando de amedrentar y controlar.

Y, mientras Griselda Triana, al recibir en Madrid un premio póstumo a quien fue su esposo, Javier Valdez, ha dicho que en México los gobiernos son cómplices de las organizaciones criminales, lejos de combatirlas, ¡hasta mañana!

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