Culiacán, Sin.

Los mil cinco internos del fuero federal recluidos en las cuatro cárceles estatales (suman 19.38 por ciento de la población penitenciaria) es una bomba de tiempo para las autoridades de seguridad de Sinaloa, que deben mantenerlos, por órdenes judiciales, en instalaciones que no reúnen condiciones de seguridad adecuadas para evitar que se fuguen.

Los funcionarios responsables de la seguridad del estado advierten que a cientos de estos reos se les acusa de delincuencia organizada y son considerados de alta peligrosidad.

En los primeros seis meses y medio de la presente administración, los grupos del crimen organizado han mantenido cierto control de las prisiones, por lo que ha sido difícil encontrar quién quiera hacerse cargo de ellas. Seis directores de penales han sido destituidos o han renunciado en la actual administración.

En entrevista con La Jornada, el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, subsecretario de Seguridad Pública estatal, reconoce la magnitud del problema que representa alojar a más de mil reos federales.

No podemos decir que había autogobierno, porque la autoridad sí tenía cierto control sobre ellos, pero había mucha corrupción, subraya.

A partir de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, los detenidos están a disposición del juez de control mientras se desarrolla el proceso, y es común que se les envíe al centro penitenciario más cercano. Por ello, la cifra de reos federales en prisiones de Sinaloa se ha incrementado.

Amenaza inamovible

En la entidad hay cuatro cárceles, en Culiacán, Mazatlán, Ahome y en la región del Évora, con una población total de 5 mil 184 reclusos, de los cuales mil cinco son del fuero federal.

La prisión de Aguaruto, en Culiacán, es la que tiene más internos, con 2 mil 346, casi la mitad acusados de delitos federales. Además, hay alrededor de 503 reos de alta peligrosidad, la mayoría amparados para no ser trasladados a penales de mediana o máxima seguridad.

De esa cárcel se fugaron a mediados de marzo pasado cinco internos peligrosos, entre ellos Juan José Esparragoza Monzón, El Negro, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, y Francisco Javier Zazueta, Pancho Chimal, presunto responsable de ordenar la emboscada contra militares cometida en septiembre pasado.

El pasado 15 de abril, Pancho Chimal fue abatido por marinos en Badiraguato.

Castañeda Camarillo dice que había información de que tres de los evadidos pretendían fugarse y “se hizo un movimiento, pero como están amparados la orden del juez fue regresarlos. Nos apoyó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se manifestó ante los jueces que no se cumplen las condiciones de seguridad, pero ellos, con base en criterios jurídicos, concedieron el amparo y los regresaron, explicó.

Las autoridades de seguridad pública de Sinaloa han alertado reiteradamente a la Federación que los penales estatales no están en condiciones de albergar a este tipo de reos, por fallas en la infraestructura y falta de custodios aptos para manejar ese nivel de peligrosidad.

Indicó que se han hecho estudios de mecánica de suelos para verificar que no existan túneles; se eliminaron algunos módulos donde los presos tenían ciertos privilegios y se realizan adecuaciones en los penales, pues no fueron diseñados para convictos peligrosos.

Apenas el pasado jueves, 39 reos federales que se encontraban en centros penitenciarios de Sinaloa fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad, pero así como se han llevado también nos han traído, lamentó.