Familias desplazadas del Petén, Guatemala, exigen justicia y repatriación

Lorena Paz Paredes

FOTO: Prensa Libre

El pasado viernes 2 de junio más de 400 personas de la comunidad de San Andrés en Laguna Larga, municipio de La Libertad, en la zona de la Reserva de la Biosfera Maya del Petén, Guatemala, fueron desalojadas de sus tierras y desplazadas de manera violenta. En la operación participaron cerca de mil 500 efectivos del ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala.

Al enterarse del desalojo, las familias huyeron de su comunidad, atravesaron la selva y cruzaron la línea fronteriza de México hasta llegar a la altura del municipio de Candelaria, Campeche, a siete kilómetros del ejido El Desengaño.

Según observadores de organizaciones defensoras de derechos humanos, las familias desplazadas se encuentran en “un campamento improvisado en condiciones de emergencia humanitaria”, pues la gente ha tenido que usar plásticos como único techo en plena temporada de lluvias, y han recurrido a la solidaridad de comunidades cercanas y organizaciones civiles.

Un censo preliminar registra más de cien familias alojadas en condiciones precarias, cerca de 450 personas, de las que 120 son niños, 82 adolescentes y 15 menores de un año, que ya empiezan a padecer enfermedades gastrointestinales y cutáneas, varicela y paludismo, por las malas condiciones.

A pesar de que una comitiva del gobierno de México y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), elementos de seguridad federal y del Instituto Nacional de Migración, estaban enterados, sabían del arribo de los desplazados y los recibieron, no les proporcionaron los recursos que demanda esta situación de emergencia humanitaria.

En este trance humanitario han estado presentes organizaciones en defensa de los derechos humanos de Guatemala y México, como Equipo Indignación, de Yucatán; La 72 Hogar Refugio para personas migrantes, de Tabasco; Resistencia Civil de Candelaria, de Campeche; Voces Mesoamericanas; Acción con Pueblos Migrantes, de Chiapas, que han difundido y apoyado a las familias desplazadas, y por distintas vías exigen a los gobiernos de México y Guatemala cumplir la obligación de proteger la vida y los derechos de las familias desplazadas.

En un recorrido por San Andrés, los observadores humanitarios constataron los injustificados destrozos que hizo el ejército en Laguna Larga. “Las viviendas fueron quemadas, algunas humeaban todavía, y otras taladas, destrozadas las áreas comunes y destruidas la escuela y las iglesias”, lo mismo sucedió con los sembradíos, una saña que recuerda los tiempos del genocidio guatemalteco.

Además priva el desasosiego en la zona de la Reserva Maya del Petén pues hay amenazas de desalojo contra otras comunidades como El Reloj, El Sacrificio y La Mestiza, asentadas en Áreas Protegidas de la Laguna del Tigre y Sierra Lacandón.

¿Qué pasa? El gobierno guatemalteco pretende el “rescate” de una zona protegida conforme a la Ley de Áreas Naturales, y califica a las poblaciones asentadas ahí desde antes de que se conformara la Reserva Maya como ilegales y usurpadoras. Alma Polanco Solís, directora regional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) declaró que familias procedentes de Cobán y Quiché invadían y habitaban de forma ilegal el área conocida como Laguna Larga, en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en San Andrés, por lo que se procedió a su recuperación y vigilancia para evitar nuevas invasiones.

Pero a la vez que el Estado guatemalteco desaloja poblaciones campesinas de la zona de amortiguamiento, permite y cobija la operación de la petrolera Perenco Guatemala Limited, filial de la compañía anglo-francesa de petróleo y gas PLC, que desde 2001 extrae petróleo en el campo Xan, ubicado en la Laguna del Tigre, a pesar de los derrames y de que está contaminando los mantos acuíferos de agua dulce más importantes de Mesoamérica.

Recientemente Perenco consiguió ampliar su permiso extractivo por 15 años.Todo ello hace pensar a las comunidades y organizaciones civiles de apoyo que los desalojos no responden a una política gubernamental “de conservación mal enfocada y aplicada”, sino a la protección de intereses geopolíticos.

En la comunidad de Laguna Larga sorprendió el operativo de desalojo, pues es un asentamiento de más de 15 años reconocido por el propio gobierno de Guatemala, y cuenta con documentación probatoria. Además, los pobladores se lamentan de que no hubo un diálogo con las autoridades previo al desalojo. Cierto que desde hace años han sido hostigados por la CONAP, e incluso uno de sus líderes fue asesinado hace una década en este contexto conflictivo.

Según la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centro América, “la política del Estado de Guatemala de desalojar a las comunidades, contraviene el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y el Estado de Guatemala debe ser declarado responsable y reparar los daños causados”. También preocupa a esta Comisión que el Estado haya desoído una propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible de las comunidades afectadas por la declaratoria de Áreas Protegidas.

No obstante ya han empezado las negociaciones para el retorno de los desplazados. El 8 de junio en el campamento se reunieron con los afectados representantes del gobierno de Guatemala, de la Comisión Nacional de Diálogo, de la Oficina de Asuntos Agrarios y del Consulado de Guatemala en México.

Las familias desplazadas exigen que se haga justicia y que se les permita regresar a sus tierras. Quieren garantías para su retorno, reparación de daños, retiro del ejército y asistencia humanitaria, y se resisten a ser reubicados. Aunque sus peticiones no se resolverán sino hasta el día 20 de junio en una segunda reunión con autoridades gubernamentales y líderes de ésta y otras comunidades de la Reserva, de inmediato el gobierno guatemalteco envió la primera entrega de alimentos y carpas al campamento.

Los líderes comunitarios y la organizaciones civiles están convencidos de que en la próxima reunión se decidirá no sólo el futuro de las familias desplazadas de Laguna Larga sino de otras comunidades amenazadas en la zona de la Reserva Maya, y que mientras no cese el hostigamiento militar y autoritario de la CONAP, y el gobierno no reconozca el derecho de las poblaciones a permanecer, proteger y cuidar ellas mismas esta zona, no será posible remontar el conflicto y alcanzar la paz.

opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

jornadadelcampo     La Jornada del Campo     la_jornada_del_campo