Consecuencias del TLCAN

Carlos Manuel Castaños

FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC

La actual crisis alimentaria y nuestra falta de competitividad en aspectos agropecuarios y forestales no es casual, ni atribuible a catástrofes derivadas de incontrolables fuerzas de la naturaleza; es resultado de políticas impuestas por parte de organismos trasnacionales como el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio (OMC), que han influido en las políticas agrícolas de los países en desarrollo. En el caso de México, la orientación ha sido hacia la dependencia alimenticia, la dependencia tecnológica, la destrucción de los recursos naturales y la desigualdad y pobreza de la población.

Desde antes que se aprobara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno mexicano ya había desmantelado la estructura de la investigación agrícola y los procesos de asistencia técnica y comercialización, abriéndose espacios al capital privado.

Desaparecieron dependencias y servicios importantes para los pequeños productores. Entre ellos, el servicio de extensionismo; la Productora Nacional de Semillas (Pronase), Guanos y Fertilizantes de México, el Banco de Crédito Rural (Banrural) y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Y se redujeron los apoyos al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y los subsidios a los alimentos básicos del pueblo mexicano.

Y el TLCAN generó otro grupo de perdedores: las pequeñas y medianas empresas que formaban parte de la base industrial del país, y las microempresas, que no tuvieron acceso al crédito o a los mercados globales.

Era una realidad, el país era más desigual.

En la práctica, en la agricultura nacional ocurrió: pérdida de la soberanía en la producción de granos básicos, en particular del maíz, el alimento del pueblo mexicano; balanza comercial deficitaria; desplazamiento de la agricultura tradicional; entrega de recursos estratégicos a empresas estadounidenses y españolas; incremento del extractivismo minero en manos de empresas de Canadá, China e Inglaterra; destrucción de las empresas del Estado y llegada de otras de carácter transnacional; destrucción de la biodiversidad; debilitamiento del mercado interno en sujeción a las políticas de la OMC; desmedido incremento de la migración; crecimiento permanente de la pobreza (Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla); pérdida de dos millones de empleos rurales, y feminización de la agricultura.

En específico, en la agricultura de los pequeños productores: quiebra de las unidades productivas, estancamiento productivo, destecnificación de los sistemas de producción, rendimientos estancados, falta de recursos productivos, pérdida de semillas criollas, desaparición de tecnologías campesinas, discriminación marcada de lo urbano hacia lo rural, depresión de los salarios para las labores del campo, control a la baja de los precios de productos campesinos y disminución de los presupuestos orientados al medio rural.

Todo ello, en el marco de la tesis defendida por el gobierno de “que era más barato importar alimentos que producirlos”.

El gobierno alineó sus políticas económicas a las de sus socios, particularmente de Estados Unidos (EU).

A los pequeños productores los empobrecieron y los pusieron a competir en condiciones desventajosas con sus pares de Canadá y EU.

La pobreza existía en el campo mexicano pero nunca en las dimensiones actuales. El gobierno federal es el responsable por no atender los problemas de los pobres del sector rural y alinearse a las políticas de la economía mundial; prefirió someterse a las disposiciones de la economía que fijaban los poderosos y no defender a sus compatriotas más necesitados.

Un ejemplo de la debacle del campo es el maíz. En el TLCAN el rubro más amenazado era el de los productores dedicados al maíz. En contraste con los de hortalizas y frutales, estaban en franca inferioridad, no tenían ventajas derivadas del clima, la fertilidad, los sistemas de producción y/o los rendimientos por superficie cultivada. Se producía en pequeñas superficies, básicamente en siembras de temporal, y concentraba el 30 por ciento de los seis millones de trabajadores rurales.

Su mayor importancia se derivaba del hecho de que además de ser un alimento básico en la dieta nacional, era responsable de la ocupación directa de tres millones de productores, y hasta 18 millones de personas dependían del cultivo para su alimentación. Por aquella época de las negociaciones, se cosechaban 18 millones de toneladas de maíz en nuestro país, contra 200 millones en EU. La importación del maíz rebasaba el porcentaje (respecto del consumo) recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que era 25. Las importaciones en nuestro país fluctuaban alrededor de 45 por ciento.

Otro ejemplo está en la dependencia tecnológica. Se permitió al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) establecer el Masagro, un programa de asistencia técnica impuesto desde el exterior, en detrimento de acciones similares de instancias encargadas de ejercer esa responsabilidad. Se buscaba generar capacidades en los pequeños productores de maíz y trigo para elevar los rendimientos de los cultivos. La meta era alcanzar una producción de maíz de entre cinco y nueve millones de toneladas en condiciones de temporal en un plazo de diez años. En la inauguración de Masagro, el ex presidente Felipe Calderón declararía: “el próximo año se reducirán las importaciones de maíz en un 50 por ciento”. Como era de esperarse, tal promesa resultó una gran mentira; no se alcanzó lo prometido.

El CIMMYT sigue caminando por el campo mexicano, robando las tecnologías campesinas para ponerlas a disposición de las voraces transnacionales de la agricultura.

En el mundo se manejaba un sistema alimentario llamado la agricultura de tipo industrial, que tenía y tiene consecuencias dañinas sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Este sistema se basa en la explotación del monocultivo en grandes extensiones de terreno, utiliza una tecnología altamente mecanizada y a menudo emplea semillas transgénicas y elevadas cantidades de fertilizantes químicos y pesticidas. Se presenta como la agricultura “científica”, frente a la agricultura tradicional de producción de alimentos.

Este tipo de agricultura ha logrado imponerse, pese a sus negativos impactos, utilizando un concepto: la agricultura industrial es capaz de producir más alimentos para dar de comer a la creciente población mundial.

Pero esa afirmación es falsa. En la actualidad en el mundo hay casi mil millones de personas que padecen hambre, además de que el sistema agroalimentario aporta hasta 50 por ciento de las emisiones contaminantes que provocan el cambio climático debido al uso intensivo de los agroquímicos, reduce la biodiversidad, emplea semillas modificadas, fertilizantes y plaguicidas químicos y agota los nutrientes del suelo.

En las transformaciones del campo y en la vida de la población campesina, es importante mencionar el papel que tuvo la reforma al artículo 27 constitucional, ocurrida en 1992, previo a la entrada en vigor del TLCAN.

Los cambios que se originaron de la modificación de este artículo fueron determinantes en la vida de los pobres del campo.

Se promovió la asociación de los campesinos con el Estado y terceras personas, se permitió que la tierra ejidal fuese vendida, rentada y/o explotada, y posteriormente (2001), se negó el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el control de su territorio.

El modelo neoliberal se caracterizó por el privilegio del crecimiento industrial y urbano a costa del desarrollo del campo. El capitalismo comercial produjo el saqueo de los recursos naturales, los nuevos inversionistas podían explotar las tierras sin tener que comprarlas, ignorándose la realidad del entorno ecológico.

De esta manera, sin ninguna compensación, miles de familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus tierras debido a usurpaciones por las nuevas políticas nacionales. Los resultados: destrucción de los recursos naturales, suelos erosionados, cambio de uso del suelo, aprovechamiento irracional de los recursos naturales y desequilibrio de los ecosistemas.

La minería, los proyectos carreteros los desarrollos de la energía eólica y las explotaciones petroleras (con su nefasto fracking) han cambiado la cara del campo mexicano y han sumido en más pobreza a millones de campesinos, destruyendo su entorno natural y el patrimonio nacional.

El TLCAN entró en vigor durante el salinismo, en 1994, y se alentaron las exportaciones agrícolas de hortalizas y frutales. Las agroexportaciones beneficiaron a empresas y agricultores con capacidad para producir alimentos a nivel industrial, pero al mismo tiempo se siguió importando casi la mitad de los alimentos que consumimos, a un costo cada vez más elevado debido al alza del precio del dólar.

Las contradicciones del modelo provocaron que existieran un pequeño grupo de productores con capacidad para exportar, muchos de ellos al servicio de firmas extranjeras, principalmente estadounidenses, que son las que se quedan con las mayores ganancias de las ventas de productos agrícolas exportables, ejemplos el aguacate en Michoacán y las frutillas en Jalisco.

Para contrarrestar los efectos negativos del Tratado para los productores de bajos ingresos, se escucharon voces que pedían la realización de programas específicos para beneficiar a ese tipo de productores, pero poco o nada se logró.

Varios factores se conjugaron para no darle la debida importancia a la petición. Uno de ellos tenía que ver con las ventajas que el Tratado ofrecía a otros sectores de la economía. Un aspecto relevante estuvo en los diferentes criterios para juzgar el programa rural por parte de los negociadores que se escogieron para defender los intereses de México. Era gente de extracción urbana, con altos grados académicos en Economía, pero incapaces para comprometerse con los problemas del campo mexicano, sobre todo los de los campesinos pobres; no los consideraban importantes.

La gente de la ciudad ve con ojos indiferentes a la población del campo y sus problemas; hay una marcada actitud discriminatoria. Los pobres no cuentan, sus angustias carecen de importancia.

Los pobres rurales con raíces indígenas tienen un sistema de vida muy propio, una manera de interpretar al mundo, creencias, valores y conocimientos que articulan su vida social, una cosmovisión que choca con la formación de la gente de las ciudades.

Para agravar los problemas campesinos, en la actual negociación se ha nombrado casi al mismo grupo de economistas que estuvo en la primera, y el actual secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, ha declarado recientemente su preferencia a que las necesidades alimentarias de los mexicanos se cubran con importaciones, lo que nos da cuenta de la poca importancia que en el gobierno se le da a la agricultura y a nuestra soberanía alimentaria.

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