El TLCAN: ¿hacia un cambio agrícola,
o más de lo mismo?

Jorge Witker Velásquez Director del Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior, Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

Jorge Witker Velásquez FOTO: Gaceta UNAM

A mediados de mayo se dio inicio formalmente al proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en Estados Unidos (EU), por medio de un escrito del Ejecutivo al Congreso de ese país, que expresa el objetivo de modernizar y actualizar las disciplinas trilaterales que por 23 años han regido el comercio regional en Canadá, México y la Unión Americana.

Con ello, se inicia una ruta crítica y se observa que, de acuerdo con los plazos de la legislación vigente en el vecino país, la negociación entrará de lleno al escenario electoral, tanto en México como en EU.

Por el lado de México, poco se ha dicho respecto de las consultas que se harán a la sociedad civil (empresarios, organizaciones sociales, sindicatos, académicos, etcétera), a fin de evaluar con objetividad los saldos positivos y negativos que esta experiencia integracionista ha deparado al país.

Los temas que se incorporan a esta renegociación o modernización son, en general, temas propuestos por Estados Unidos, y que bien podrían ser comparados con lo negociado con anterioridad en el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), pues antes de su cancelación formal por el actual gobierno estadounidense se afirmó que este instrumento de Asia-Pacífico era el mecanismo que actualizaba y modernizaba al TLCAN, colocándolo a la altura de un instrumento prácticamente de “cuarta generación”, en el ámbito del comercio internacional contemporáneo.

Sería interesante conocer la agenda mexicana de renegociación, para someter a la discusión trilateral puntos que pertenecen al interés nacional de los mexicanos.

Una breve enumeración al respecto nos debiera orientar a temas como el dumping social, las diferencias salariales abismantes, el libre tránsito de trabajadores y profesionales en la región, los subsidios agrícolas y la mejora de los mecanismos de solución de controversias, especialmente en materia de transporte terrestre e inversiones al respecto.

Un tema complejo de interés para México, no cabe duda, es la producción y la comercialización de los productos agrícolas, especialmente granos, en donde las asimetrías, junto a las promesas incumplidas de hace 23 años, siguen vigentes, incluso como un instrumento de negociación, pues mejorando los niveles de vida de los campesinos mexicanos se estaría autorregulando la corriente migratoria anual, que tan negativos efectos ha tenido tanto para la frontera norte mexicana como para las familias de residentes en el vecino país.

En efecto, desde la perspectiva mexicana, sería interesante poner el acento en el papel de la agricultura en la región, pues la argumentación oficial que el TLC constituye un instrumento de beneficios para todos (se habla de una negociación consistente en “ganar-ganar” para México, Estados Unidos y Canadá), afirmación ésta que no merece análisis alguno, pues desde los fenicios el comercio históricamente ha sido el escenario en que unos ganan y otros pierden, cuestión que, pese al gran avance de las innovaciones tecnológicas, no ha sido superada.

Al parecer el campo mexicano ha sido el sector más perjudicado en la forma cómo se han cumplido las distintas etapas de cumplimiento del TLCAN. Por ello, como un aporte a la agenda mexicano, nos permitimos reflexionar con algunos datos al respecto:

Es necesario recordar que el tratamiento gradual que se le otorgó en teoría al sector agrícola no fue cumplido por las autoridades mexicanas de la etapa de desgravación del Tratado. En el caso de los cupos de importación, se fijó un cronograma por el cual se irían aumentando en pequeños porcentajes anualmente, a fin de ir impulsando la competitividad nacional y permitir que el campo fuera entrando al escenario del libre mercado sin exabruptos ni sobresaltos.

La liberación de estos cupos en granos y cárnicos, y el verdadero subsidio y estímulo fiscal que se otorgó a las importaciones agrícolas, impactaron de tal manera el mercado interno que, en pocos años, la estrategia complementaria de los cupos se transformó en una política de fomento a las importaciones indiscriminadas, operaciones realizadas fundamentalmente por los grandes consorcios de alimentos que, desde entonces, controlan la dieta de los mexicanos.

Como ejemplo, mencionamos los cupos de arroz, que cubrían sólo 15 por ciento del consumo aparente del grano, mientras el 85 por ciento era abastecido por los arroceros de Tabasco y otras entidades federativas; hoy, a 23 años de TLCAN, México importa casi 90 por ciento del arroz que se consume, mientras la producción nacional abastece el diez por ciento restante. Igual suerte corrieron el maíz, el trigo, los cárnicos, la leche, con efectos devastadores en el campo mexicano, He aquí unos datos: importamos 65 por ciento del trigo que consumimos, 40 por ciento de la carne de cerdo, 16 por ciento de la carne de ave y cerca de 20 por ciento de la leche, según datos del IV Informe de Gobierno 2015-2016.

A consecuencia de lo anterior, miles de productores agrícolas perdieron sus fuentes de empleo, bajando la participación de la agricultura en el empleo de 26 por ciento a menos del 18.

A lo anterior, y como efecto de las importaciones no graduales, 40 por ciento de los campesinos viven en pobreza extrema, y de los casi 50 millones de pobres (reconocidos por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Inegi), 30 millones son habitantes de las zonas rurales, debido a que la competencia desleal de los consorcios agroalimenticios extranjeros (Cargill, Monsanto, Dupount y otros) que operan con subsidios otorgados no sólo por la Oficina del Tesoro de nuestro vecino del Norte, sino también –paradójicamente– con subsidios del propio gobierno de México.

Corolario de lo anterior, y como parte de la agenda agrícola mexicana a renegociar en el TLCAN, está el sistema de producción agrícola por contrato, que realiza una instancia de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), denominada Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), y que cumple funciones oligopólicas, pues los beneficiarios son cuatro empresas controladoras del mercado de granos (Bimbo, Maseca, Gruma y Cargill). Esos consorcios, junto a empresas de seguro agrícola, proyectan precios de futuro a favor de supuestos productores, a los cuales Aserca les otorga el 75 por ciento del seguro respectivo, mientras cada productor debe cubrir el 25 por ciento restante. Para cubrir ese 25 por ciento, los supuestos productores endosan su derecho a las grandes empresas mencionas, que facilitan la operación, y se hacen dueños de todas las alzas de precios que generalmente tienen los commodities en la Bolsa de Chicago. Con esto, tenemos un esquema aberrante: de cada centavo que supuestamente cubren dichos oligopolios, tienen 17 centavos de ganancia, de lucro absoluto, sin que los productores obtengan beneficio alguno de las alzas de precios de futuro de los granos.

Este esquema debe estar en la mesa de negociaciones, a fin de restablecer efectivamente la libre competencia y la tan mentada economía de mercado, factores éstos que fueron en su momento esgrimidos como los nuevos pilares de un campo mexicano que pasaba de la dependencia de una Conasupo ineficiente y corrupta a escenarios de primer mundo.

Para medir un aproximado de las ganancias que obtienen con el sistema de subsidios de Aserca, y la diferencia de los centavos antes mencionada, podemos decir que, en el caso del maíz, se importan 12.1 millones de toneladas de grano amarillo y cerca de 21 millones de toneladas de maíz blanco.

Conviene destacar que, desde el discurso oficial, según la Sagarpa, México se encuentra en el mejor de los mundos, pues es el exportador número 13 de alimentos a escala mundial; incluso, se afirma que entre 1993 y 2012 el comercio entre México y Estados Unidos creció en 452 por ciento, con un intercambio cercano a los 35 mil millones de dólares, con rubros alimenticios recíprocos. Tales cifras son un espejismo, pues nada aclaran los miles de millones de dólares en las importaciones anuales de granos, que no se pueden comparar con exportaciones de tunas, tomates, nopal, guayabas, dátiles, limón y papaya, a los que habría que agregar aguacate y cervezas. Es decir, es imposible comparar maíz, trigo, arroz, sorgo y soya, insumos básicos de la alimentación de los mexicanos, con los tropicales o semitropicales productos mencionados, que no figuran en la dieta de las familias mexicanas promedio actuales.

Como vimos, el espejismo de Sagarpa y de otros voceros de la indefendible actividad exportadora nacional se viene abajo ante las las ingentes importaciones de alimentos. Según el Inegi, el 50 por ciento de la comida actual de los mexicanos es de origen extranjero, lejos de los campos nacionales.

Así, se puede observar que la agenda de México, en función del interés nacional, es una asignatura pendiente que debemos empezar a preparar para que los encargados de la modernización o actualización del TLCAN no vayan a deslizarse por la tan poco feliz frase cotidiana de nuestros hermanos: que el TLCAN no vaya a ser “más de lo mismo”.

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