En México se vive una situación de violencia colectiva –incluida la de las propias autoridades– que ha dejado miles de personas muertas y desaparecidas, así como graves repercusiones sicológicas y emocionales en buena parte de la sociedad, cuyos efectos han sido ocultados, señalaron asistentes al Foro Nacional de Salud Mental en Contexto de Violencia Hablemos de las Heridas.

Juan Ramón de la Fuente, miembro del Seminario de Estudios sobre la Globalidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, subrayó que las desapariciones, los asesinatos y otras violaciones graves de derechos humanos forman parte del clima de violencia, en el que también participa el Estado y cuyos efectos incluso han disminuido un año la esperanza de vida, en promedio.

Uno de los elementos del contexto de inseguridad es la militarización de gran parte del territorio nacional, que ha buscado con poco éxito contener la ola de violencia y ha provocado graves efectos colaterales por privilegiar el uso excesivo de la fuerza por sobre el rol social del Estado, lamentó.

De la Fuente subrayó que una de las manifestaciones más preocupantes de la violencia es la que se ejerce contra las mujeres, y sostuvo que el clima de agresiones va desarticulando poco a poco a las familias, sobre todo cuando aparecen fenómenos como la depresión.

Afecciones graves a la salud mental

María Elena Medina-Mora, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, advirtió que la violencia social tiene implicaciones muy graves en la salud mental de quienes la padecen de forma directa o indirecta, y repercute en el surgimiento de conductas agresivas, suicidio y adicciones.

Subrayó que el estrés postraumático genera estados depresivos más preocupantes que la situación que los provocó, y dijo que entre los sectores más vulnerables a este fenómeno están los jóvenes, las mujeres y los menores de edad, razón por la cual llamó a no criminalizar a las personas que incurren en actos violentos o antisociales como respuesta a las agresiones que ellas mismas han padecido en su infancia, y recalcó que esta problemática puede resolverse mediante programas de intervención social.

Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que no se puede entender la violencia en México sin la violencia institucional, la cual le ha negado la categoría de víctima a quienes han padecido las consecuencias de este fenómeno.

Durante una ronda de testimonios personales sobre los efectos de la violencia, Mariana Selvas, sobreviviente de tortura sexual y física tras la represión policiaca de 2006 en San Salvador Atenco, destacó que el clima de agresiones no se debe a que el Estado mexicano ha fallado en detenerlo, sino a que lo ha instaurado como forma de control social.

Norma Andrade, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, habló sobre los efectos negativos que ha dejado en su vida personal y emocional el asesinato de su hija, Lilia Alejandra García, en 2001, y lamentó que el Estado no haga nada para apoyar a quienes han perdido a algún familiar por causa de la violencia.