La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) ‘‘no ha logrado la identificación y ubicación’’ de los homicidas de los corresponsales de La Jornada Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas. Así, para obtener información que sirva a la indagatoria, propuso la entrega de recompensas de hasta un millón y medio de pesos.

La falta de información fue parte de los argumentos para la emisión de la recompensa que desde el pasado martes ofrece la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, esto es contradictorio, toda vez que el pasado martes Ricardo Sánchez, titular de la Feadle, dijo a legisladores que ‘‘las recompensas son una herramienta más en el trabajo de investigación’’.

En la exposición de motivos que la Feadle presentó ante el comité que se encarga de aprobar el ofrecimiento de recompensas por parte de la PGR, se menciona ‘‘que derivado de las diligencias practicadas para el esclarecimiento de los hechos, aún no se ha logrado la identificación y ubicación de los probables responsables, por lo que resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita su localización’’.

El documento A7060/17, relacionado con el caso de Miroslava Breach, y el Acuerdo A7058/17, señala que ‘‘en el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la sociedad es una herramienta eficaz, particularmente a través de la aportación de información veraz y útil para el auxilio eficiente, efectivo y oportuno en las investigaciones y averiguaciones que realice el Ministerio Público.

La PGR refiere que ‘‘la participación de la sociedad en el combate a la delincuencia debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en la ley, y adicionalmente en condiciones tales que incentiven la colaboración con la procuración de justicia, con la mayor seguridad para las personas y familias de quienes presten auxilio a la autoridad’’.

Con base en lo anterior, la Feadle consideró conveniente ofrecer una recompensa y presentó la propuesta ante el comité evaluador de la PGR.