Un tribunal federal concedió un amparo inapelable a la Asociación Nacional de Distribuidores y Fabricantes de Taxímetros de la República Mexicana, que se opone a la introducción de mecanismos con dispositivos GPS.

El 30 de mayo de 2016, la Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció que los concesionarios de 138 mil taxis en Ciudad de México tendrían la posibilidad de contar con un nuevo taxímetro con sistema de geolocalización satelital (GPS) y ser contratados de manera remota, como sucede con empresas de transporte que utilizan aplicaciones móviles, entre ellas Uber.

Lo anterior generó inconformidad en la Asociación Nacional de Distribuidores y Fabricantes de Taxímetros de la República Mexicana, que de inmediato recurrió a la protección de la justicia.

El décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa en Ciudad de México declaró el 9 de junio pasado que la Semovi no tiene facultades legales para concesionar los equipos auxiliares para la prestación del servicio público de transporte y, por tanto, consideró ilegal la sustitución.

El tribunal indicó que no puede considerarse que “la fabricación de ese equipo sea parte del servicio de transporte público, pues la ley no prevé ni permite a la autoridad concesionar esos aparatos, al tratarse sólo de un equipamiento auxiliar del automóvil y no del servicio público per se”,

Sin embargo el tribunal dejó claro que posteriormente las autoridades podrán emitir una nueva declaratoria que requerirá una reforma a la Ley de Movilidad.