El partido Morena solicitó al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) la anulación de los resultados de siete distritos y 3 mil 968 casillas de los 45 distritos del estado, al considerar que hubo una elección de Estado mediante el uso de programas sociales.

Horacio Duarte, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), planteó que en todos los distritos mexiquenses se presentaron juicios de inconformidad por la presunta intervención del presidente Enrique Peña Nieto en favor de su candidato, el priísta Alfredo del Mazo Maza.

En los distritos de Tejupilco, Valle de Bravo, Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jilotepec, Chimalhuacán y Ciudad Adolfo López Mateos, Morena pidió la nulidad de los resultados, sobre todo por el uso de padrones de beneficiarios para favorecer a la alianza PRI-PVEM-Panal-PES.

Un análisis realizado por Morena muestra que en esos siete distritos se registraron niveles de participación atípicos de 64 por ciento, cuando el promedio estatal fue de 54 puntos.

Señala que en los mismos distritos se comprobó que hay el mayor número de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la entidad: un millón 515 mil 410 personas que reciben recursos por 788 millones 16 mil 642 pesos.

Al cruzar los padrones de la Sedesol con la base de datos del INE, Morena sostuvo haber detectado que 3 mil 810 representantes de partidos reciben beneficios por un monto de 2 millones 533 mil 886 pesos. De ellos, mil 879 fueron representantes de casilla del PRI y obtienen beneficios por un millón 200 mil 690 pesos, mientras que 453 son del PVEM y obtienen recursos por 285 mil 315 pesos.

Adicionalmente, fungieron como representantes de casilla del Panal 990 beneficiarios que obtuvieron recursos por 647 mil 640 pesos, así como 488 del PES, que fueron beneficiados con 2 millones 533 mil pesos.

La principal anomalía detectada por Morena, por la que solicitó la nulidad de 2 mil 274 casillas, fue porque se impidió el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos.

Duarte Olivares explicó que esta operación fue posible con la complicidad de las autoridades electorales, que no exigieron, en su momento, suspender la operación de programas sociales en la entidad por los gobiernos federal y del estado de México, ni aplicaron la ley para que se abriera un mayor número de paquetes electorales donde había causas justificadas.

A estas violaciones, dijo, hay que añadir la violencia física ejercida contra militantes y simpatizantes de Morena, que fueron víctimas de cateos ilegales, la campaña de miedo para inhibir el voto y el hostigamiento a representantes de casilla, a quienes les enviaron oficios falsos.

Indicó que también hubo dilación de los órganos electorales en entregar documentos que los representantes de Morena solicitaban, tardanza y omisión del INE para el registro de representantes de casilla del partido.