os consejeros electorales del IEEM, ahora se ufanan de la participación de 53 por ciento del voto ciudadano en el estado de México, cuando no diseñaron ningún programa para animar el voto. Es más, a cuatro semanas de la jornada, encuestadoras revelaron que 70 por ciento de los votantes no sabía con exactitud la fecha concreta de la jornada electoral. No hubo estrategia para promover el voto, es un hecho. En ese momento sonaron las alarmas y ahora con oportunismos, pretenden colgarse una medalla que no les pertenece. Esta actitud cínica y oportunista, mostrada a lo largo de estos meses, mina la seriedad e institucionalidad que requiere el órgano electoral.

El mayor deber de la democracia es que los procesos electorales sean libres y transparentes. En una elección democrática el papel de las estructuras electorales son definitivas. La mayor fortaleza de los institutos electorales es la credibilidad social. Cuando ésta se pierde se erosiona la autoridad que es la mayor fortaleza que debe tener todo árbitro electoral. La jornada del 4 de junio deja muchas interrogantes y enseñanzas. Los resultados apretados y el triunfo de los partidos en el gobierno, tanto en Coahuila como en el estado de México, han irritado por la forma en que aparatos de gobierno han intervenido de forma arbitraria. Sí, indebida irrupción, abierta y velada; han vulnerado el espíritu de competencia electoral, ante la omisión y pasividad de las autoridades. Este fue el punto de quiebre. Los ánimos se encresparon al percatarse de la pasividad de los la árbitros electorales. A partir de ahí, diferentes actores y analistas pusimos bajo sospecha el actuar de la instancia electoral por exhibir en los hechos falta de imparcialidad e independencia frente al poder; su actuación se puso en tela de juicio. En mi anterior colaboración mostré las decisiones equivocadas del consejo electoral del IEEM para pedir un altísimo presupuesto financiero con 70 por ciento menor de responsabilidades que habían pasado al INE con la reforma de 2014; aprobaron gastos de campaña millonarios, anticonstitucionales, de 285 millones de pesos. No fueron exhaustivos con los candidatos independientes al grado de que el tribunal les ordenó reponer con rigurosidad el ejercicio que costó al erario más de 25 millones de pesos para volver a imprimir las boletas y retirar el nombre de Isidro Pastor.

Lo más grave: han suscitado sospechas fundadas en torno a un ajuste o encuadre al conteo rápido, al PREP y al cómputo de casillas. El consejero Gabriel Corona, del IEEM, en sesiones ha detectado errores de captura, duplicidad de actas y lamentó no se hayan abierto los 5 mil paquetes electores que anunció la propia autoridad, para dar mayor certidumbre y limpieza al proceso. Por el contrario, las indicaciones a las juntas distritales, según testimonios, fue a rajatabla: abrir el menor número posible de paquetes. Ante estas dudas razonables, con indicios probatorios reales, en lugar de investigar, profundizar y realizar una auditoría interna; se le ha increpado al consejero Corona pretender sabotear la elección. En las versiones estenográficas de las sesiones, se aprecia el hostigamiento airado de la alianza priísta, pero al mismo tiempo el trato agresivo, casi de traidor, que sus propios compañeros consejeros le reprochan. Ahí, algo anda muy mal.

Ciro Murayama, consejero del INE, exclamó que antes de denunciar un fraude electoral hay que probarlo y que le parece descabellado este tipo de expresiones. Ahora, ante señalamientos expuestos por el consejero Corona, como presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, está en la obligación de probar lo contrario. Que el IEEM actuó manera impecable en los cómputos, el PREP y el conteo rápido, apegados estrictamente a la norma electoral. Deberá validar por qué no se abrieron los más de 5 mil paquetes electores que inicialmente la autoridad cantó y que finalmente se ajustaron a menos de 3 mil. Igualmente el propio Consejo General del INE debe explicar por qué canceló a última hora el piloto PREP Casilla que habría disipado muchas dudas que se tiene sobre el PREP del IEEM. Tendrán que justificar por qué falló su programa de acreditación de representantes políticos en las casillas que provocó desajustes y malestar en la organización de la jornada electoral. Deberán responder por qué también fueron laxos ante los programas sociales que tenían claros sesgos partidarios.

En el caso del Edomex, la elección para gobernador alcanzó niveles épicos de una elección presidencial. Por las repercusiones inmediatas en la clase política y reacomodos de cara a las elecciones de 2018, los medios comunicación nacionales e internacionales se volcaron en el suelo mexiquense para seguir paso a paso las incidencias del proceso como nunca en la historia de la entidad. Los medios pudieron corroborar los excesos de los gobiernos federal y estatal en los comicios mexiquenses. Las amplias coberturas mediáticas de radiodifusoras y televisoras mostraron a escala nacional las miserias políticas mexiquenses, comparables con el viejo priísmo autoritario del siglo pasado. De costa a costa, se pusieron en evidencia deshonestas prácticas institucionales con fines electorales, ante la omisión y falta de firmeza de las autoridades electorales. Los comicios mexiquenses muestran claros signos regresivos. Mucho dinero, politización de programas sociales, violencia electoral, intimidaciones policiacas, intervención descarada de autoridades públicas, pasividad de estructuras electorales. Así el proceso electoral de 2018 se presenta apocalíptico. Ante dicha involución, muchos opinamos que se deben refundar los institutos electorales, entre otras medidas, sobre una auténtica base ciudadana; qué ingenuo suena, a estas alturas, hablar de reciudadanizar las estructuras electorales.