Lille, Francia.

¿Cuánto es 2 mil millones de pesos anules? Para tener una idea cercana a la verdad podríamos decir que significa enterrar, día con día, poco más de 8 mil toneladas diarias de basura, o mejor dicho, poner bajo tierra esa cantidad convertida en los desechos que produce la Ciudad de México.

Sí, tanto para el gobierno de la capital, como para la Agencia de Gestión Urbana (AGU) y una parte de la diputación de la Asamblea Legislativa, poner bajo tierra 2 mil millones de pesos al año, cantidad que se paga a los dueños en el estado de México por utilizar sus terrenos en Ixtapaluca, o mejor dicho un par de socavones: La Cañada y El Milagro, este último manejado por Rogelio López López, que en algún tiempo fungió como funcionario de la Dirección General de Servicios Urbanos del entonces Departamento Distrito Federal que encabezaba Ramón Aguirre Velázquez, y que cobra 185 pesos por tonelada y recibe algo así como 4 mil al día, sin cumplir con las exigencias de la ley, pero logró hacer de un socavón el verdadero milagro.

Esa realidad, que significa siempre una amenaza del gobierno de la entidad vecina, que cierra los vertederos a capricho, es decir, que impide que se tiren los desperdicios de la ciudad, o cuando menos es una presión política, sirve ahora para obligar al gobierno capitalino a pegar un brinco de años y años y llevar a la ciudad una planta de termovalorización, o mejor dicho un incinerador tamaño monstruo –más de cuatro hectáreas de construcción– de emisiones contaminantes controladas, que se considera urgente y que podría empezar a trabajar en poco más de tres años.

Claro que entonces la pregunta salta: ¿cuál será la diferencia entre pagar a un mexicano que controla los tiraderos o pagar a una empresa extranjera para que queme la basura? La respuesta no tiene duda. La planta convertirá los desechos en energía eléctrica, la suficiente para alimentar al Metro, y eso significa algunos miles de millones al año que el gobierno podrá invertir en otras necesidades de la población.

Hace un par de años se lanzó la licitación para instalar la planta en los terrenos del Bordo de Xochiaca, donde a finales del sexenio pasado se dejó de tirar basura porque la capacidad de este lugar se había cumplido; no obstante, los desechos acumulados, por ahí de 74 millones de toneladas, expulsan, según las mediciones de las autoridades ambientales, 1.2 millones de dióxido de carbono al día. Aseguran que eso equivale a lo que expulsan un millón de automóviles en el mismo lapso.

Así que el asunto se convirtió en un callejón sin salida para las autoridades y un peligro constante para la población, y luego de la licitación, que ganó la francesa Veolia, este fin de año, advierten los empresarios, se iniciará la construcción de la planta, es decir, un basurero que por su arquitectura más bien se asemeja a una serie de ciencia ficción aquí en Francia, pero que los especialistas de este lugar aseguran que la de México, que será la planta más grande del mundo, tendrá un diseño tecnológico mucho más avanzado. Ni a Netflix se le ha ocurrido para sus series.

Dudas y preocupaciones

En la planta de México se habrán de procesar casi 13 mil toneladas todos los días, y la compañía habrá de cobrar al año casi los 2 mil millones –que hoy día se entierran por 33 años– para amortizar el costo de su inversión y obtener ganancias.

Dos especialistas que han viajado para conocer qué clase de empresa se instalará en la Ciudad de México han puesto sus dudas sobre la mesa. Luis Raúl Tovar, del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente, del Instituto Politécnico Nacional, pregunta cada cuanto tiempo se verificará que la empresa no expulse contaminantes al aire de la ciudad, y se muestra preocupado por la honestidad de las autoridades que tendrían a cargo la evaluación de la misma, pero termina convencido porque entiende la necesidad de la empresa.

Otro ingeniero, Carlos Álvarez, tiene argumentos para levantar una gran controversia y los expone, pero también está convencido de que mientras la empresa acate las leyes, sin trampa, él apoya el proyecto, que deberá ser uno de los más importantes para la sobrevivencia de la Ciudad de México.

Para eso las autoridades de la AGU, a cargo de Jaime Slomianski, y claro, del gobierno central, han tenido que sortear unos primeros obstáculos, como por ejemplo el de la sección uno del sindicato de trabajadores del gobierno de la ciudad; es decir, no tocar los intereses de ese gremio, donde operan casi 2 mil camiones y está formado por 13 mil 700 trabajadores que pepenan, que escogen la basura en plena calle después de recogerla de las casas y que estacionan los camiones donde mejor les viene en gana.

Ahí, en el asunto de los trabajadores de limpia, no habrá ningún cambio, aclara el director de innovación tecnológica para la gestión de los residuos sólidos urbanos, de la AGU. Eso seguirá como hasta ahora: los trabajadores de limpia entregarán la basura a la empresa y nada más.

Pero el esfuerzo deberá ser de todos. En la ciudad la separación de los desechos deberá ser más estricta. La conciencia ecológica de la población deber aumentar y los políticos, como Xavier López, del Partido Verde, quien asegura que él sí es ecologista, pese a su militancia, tendrán que seguir abriendo brecha para conservar lo que quede del medio ambiente.

Y eso es de lo que se trata esta obra: de limpiar el aire que respiramos, darle oxígeno a la ciudad.