Buenos Aires

Autobuses de transporte público con gendarmes y policías mostraron este lunes la imagen de una ciudad de Córdoba militarizada, por orden del intendente de la gobernante alianza Cambiemos Ramón Mestre, en el octavo día de paro de los choferes agremiados que reclaman un aumento salarial, ya que la oferta de 21 por ciento en varias cuotas les imposibilita llegar a fin de mes.

Paracía una imgen de otros tiempos, el hecho de que los autobuses de transporte público salieran desde la Escuela de Aviación Militar , con algunos choferes que atemorizados se presentaron a trabajar, mientras la mayoría continuaba la huelga y la empresa mantenía los más de 80 despidos.

El plan de contingencia del gobierno es la militarización de un reclamo social y una provocación para los trabajadores, denunció Sonia Beas, delegada de los trolebuses de la capital. Repudian la paritaria (negociación salarial nacional) del sector, ya que no hubo aumentos el año pasado y la propuesta de 21 por ciento en tres cuotas es una burla.

La empresa ERSA llamó provocativamente a concurso de nuevos choferes para ocupar el lugar de los despedidos, lo que no hizo sino echar leña al fuego.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT nacional y popular) que está integrada por una serie de gremios locales entre los que figuran el Sindicato de Luz y Fuerza, de Conductores de Remises (taxis), de organismos de previsión Social y otros junto con la CGT regional de Córdoba, realizÓ una concentración de apoyo a los trabajadores en paro. Precisamente los despedidos fueron por su adhesión al paro, lo que es un acto totalmente ilegal.

Coincidiendo con el caso Córdoba, donde se pretende como en otros conflictos castigar con despidos a quienes hacen huelga por reclamos justos, el presidente Mauricio Macri se pronunció contra la justicia del Trabajo, llamando a terminar con lo que llamó la industria del juicio laboral.

Macri dijo que esto era necesario para incorporar al país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que significa un montón de reglas.

En este mismo escenario de persecución laboral el gobierno de Macri decidió suspender en forma injustificada las pensiones a los discapacitados, medida que fue rechazada por la oposición y una serie de organismos. Se rescató un viejo decreto del ex presidente Carlos Menem para quitar las pensiones por invalidez , y entrecruzar datos para darlas de baja automáticamente incluso a quienes tienen 76 por ciento de incapacidad. Esta medida hizo reaccionar a diversos sectores en todo el país, como algo nunca visto .

Derechos Humanos

Este día también deparó una novedad inesperada ya que mientras se espera de la Corte Suprema un nuevo pronunciamiento ante el rechazo masivo a la aplicación del dos por uno a los responsables de delitos de lesa humanidad para deducir las penas, el juez federal subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 de La Plata, Alejandro Daniel Esmoris, hizo lugar al pedido de la defensa de los detenidos Ramón Fernández y Abel Dupuy, quienes fueron condenados en 2010 -mediante sentencias que se encuentran firmes- a 25 años de prisión y a prisión perpetua, respectivamente, por su participación en delitos y homicidios cometidos en la Unidad Penal Número 9 de La Plata.

Se les aplicó el dos por uno-que se ha negado a una serie de represores- para el período en que estuvieron detenidos en prisión preventiva a pesar de que la Unidad Fiscal Federal en materia de Derechos Humanos de esa jurisdicción, a cargo de Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, se había opuesto a la solicitud y ahora apelará la decisión.

En estas circunstancias y dentro de un asombroso silencio periodístico de los grandes medios el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) identificaron los restos de otras 19 víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico militar (1976-1983) que estaban en el temible Pozo de Vargas.

Entre los identificados se encuentran Armando Archetti, Dardo Exequiel Arias, Julio César Campopiano, René Armando Castellano, Alba Luz Consentino, Federico Aldolfo Furth, Néstor Ubaldo Herrera, María Trinidad Iramain, Félix Daniel López, Angel Vicente Manfredi, Julio Antonio Martín y Angel Alfonso Madina.

También fueron identificados Ricardo Alberto Pisculichi o Rolando Jesús Pisculichi -hermanos, siendo indistinguibles desde el punto de vista genético- Humberto Rubén Ponce, Pedro Rodoletto, María Teresa Sánchez, Juan Carlos Trejo y Hugo Arnaldo Vega.

Con ellos suman 105 las personas identificadas en el denominado Pozo de Vargas, una fosa común clandestina que tiene tres metros de diámetro por 40 de profundidad. Allí fueron arrojados los cuerpos de secuestrados y detenidos desde que comenzó en 1975, el contrainsurgente Operativo Independencia en Tucumán, antecedente de la dictadura del 76. También decenas de desaparecidos de la dictadura fueron arrojados al mismo lugar.

El fiscal federal Pablo Camuña, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Tucumán, confirmó a través de su cuenta de Twitter que, hasta la fecha, se recuperaron 37 mil fragmentos de restos óseos, así como más de 100 proyectiles, prendas de vestir, anillos y vendas.

Para esconder el pozo se usaron 160 camiones de escombros, se encontraron restos de ácido, cal y uso de fuego, indicó el fiscal, quien precisó que alrededor de 30 individuos y perfiles genéticos no dieron aun resultado en los cruces con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Resta aún trabajar sobre los últimos 7 metros del Pozo de Vargas, informó, a la vez que reclamó al Consejo de la Magistratura que “habilite los fondos necesarios para esa trágica tarea.

Esta temible realidad se confornta con los intentos de reducir las condenas a responsables de semejantes crímenes de lesa humanidad, violentando incluso la legislación internacional.