La arquidiócesis de México advirtió que mientras el país se desangra entre corrupción y pobreza, y la violencia hace metástasis, desde las altas esferas de la burocracia se presumen los mejores índices macroeconómicos y se “consumen fuerzas y recursos en campañas políticas y el sostenimiento de partidos. Esta situación –advirtió– pone en grave peligro nuestra viabilidad en el futuro”.

En el editorial del semanario Desde la fe, titulado El país se desangra, también expuso que los sacerdotes, al igual que la población, viven bajo el asedio del narcotráfico y son obligados a pagar derecho de piso para realizar actividades parroquiales.

Indicó que en diversos estados ni el clero se salva “de este horror que ni siquiera se vio en la era del comunismo o en las persecuciones religiosas, por el nivel descarnado e inmisericorde que la delincuencia hace de la violencia.

Muchos sacerdotes, en comunidades apartadas del país, son blanco fácil y viven bajo la gran presión del crimen organizado, que les impide realizar su misión evangelizadora, prohibiéndoles incluso pronunciar la palabra narcotráfico o hacer algún cuestionamiento que ponga de manifiesto su inmoral actuación, pues lo pagan con la vida, y añadió que en ese contexto de violencia la cuota por derecho de piso para realizar actividades parroquiales resulta lo de menos.

Aludió que actualmente no se garantizan los mínimos de seguridad a la población, debido a la “impotencia de las autoridades que tienen flancos abiertos, por un lado la falta de respuesta contra el alto impacto de fuego de la delincuencia y por el otro el poder de la corrupción que carcome los tres niveles de gobierno, en lo que se ha llamado la narcopolítica”.

Apuntó que la ausencia de autoridad que apacigüe al crimen provoca que actores con autoridad moral salgan a dar la cara para acordar, por lo menos algunas cláusulas de paz y seguridad para ciertos sectores que en el pasado gozaban de respeto.

En tal sentido, resaltó lo hecho por el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien no ocultó el acercamiento que sostuvo con miembros de la delincuencia para acordar lo que las autoridades ya no garantizan: seguridad.