A dos años del asesinato del luchador social Antonio Vivar Díaz, la Procuraduría General de la República (PGR) ha desarrollado una investigación lenta e ineficiente, en la cual ha dejado a la propia familia de la víctima la responsabilidad de esclarecer el delito, advirtió el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Hasta el momento la investigación de la PGR se encuentra estancada, porque el Ministerio Público quiere que la carga de la prueba sea de la familia del compañero Antonio Vivar, en vez de abocarse a realizar una indagatoria exhaustiva mediante la cual pueda esclarecer los hechos, indicó Neil Arias, asesora jurídica de Tlachinollan.

Miedo de hablar

La litigante subrayó que aunque hay testimonios y pruebas documentales de que fueron agentes de la Policía Federal quienes el 7 de junio de 2015 abatieron a Vivar Díaz, estudiante y activista del Movimiento Popular Guerrerense, las autoridades no han agotado esa línea de la indagatoria.

Lejos de que la PGR se abocara a la investigación desde un principio, primero recibieron la denuncia de la Policía Federal por la supuesta privación de la libertad [de sus agentes], pero sin mencionar nunca la ejecución extrajudicial de Vivar, ocurrida en el contexto de moviliaciones de protesta contra las elecciones para gobernador en el estado, recordó Arias.

Se recabaron las pruebas de manera muy deficiente y eso ha abonado a que las investigaciones no avancen. Hay muchos testigos que estuvieron en el lugar, pero tienen mucho miedo de hablar, añadió.

Para la abogada, la falta de voluntad de las autoridades para esclarecer el caso queda de manifiesto con el hecho de que incluso ya habían mandado el caso a la reserva.

Ya lo habían archivado y eso es grave, porque se trata de un homicidio. Con eso se evidencia que hay falta voluntad de la PGR, puntualizó.