Los homicidios, amenazas e intimidaciones contra periodistas y medios informativos reflejan no sólo la vulnerabilidad de este gremio y la falta de mecanismos eficaces para investigar estos ataques, sino también la ‘‘debilidad del sistema de procuración de justicia’’, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

‘‘La impunidad en el país tiene su origen en la crisis estructural que padece la procuración de justicia en México’’, dijo el organismo en un pronunciamiento público con motivo del Día de la Libertad de Expresión.

La CNDH señaló que en lo que va del año son siete los periodistas asesinados –dos de ellos corresponsales de esta casa editorial–, y una ‘‘cantidad importante’’ de agravios, intimidaciones y amenazas a otros comunicadores y medios informativos, lo cual refleja el recrudecimiento de los ataques a la libertad de expresión, situación que atenta y agravia a toda la sociedad.

Además, la comisión informó que en lo que va del año ha emitido 47 medidas cautelares para proteger a periodistas en 33 casos y 14 en favor de defensores de derechos humanos o familiares de las víctimas. Desde el año 2000 a la fecha, la CNDH tiene el registro de 127 homicidios de periodistas, 21 desapariciones y 51 atentados a instalaciones de medios de comunicación.

En el pronunciamiento, la comisión reclamó que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas carezca de autonomía administrativa y presupuestal para que su operación se refleje en procesos expeditos y flexibles, con el fin de que la protección sea oportuna y eficiente, así como de personal suficiente y capacitado para desempeñar actividades especializadas en esta materia, agilizar y allanar de obstáculos los procedimientos administrativos.

La CNDH reiteró que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben crear entornos seguros para que el ejercicio periodístico se desarrolle sin miedos, ataduras, amenazas y represalias, en el cual los medios informativos y comunicadores sean factores determinantes en la edificación de una sociedad libre y democrática.

De igual forma, se manifestó por la creación de fiscalías con áreas especializadas en atención de agravios a periodistas, capacitación de los funcionarios públicos, principalmente los encargados de la procuración de justicia, para que conozcan y respeten los derechos humanos y apliquen la ley, así como por la realización de investigaciones bajo protocolos de actuación rápida, que pongan en el centro de las mismas la violación a la libertad de expresión y contemplen una perspectiva de género cuando se requiera.

Advirtió que toda política pública o acción que se genere, para que sea efectiva, debe tomar en cuenta la opinión de los agraviados y de los propios periodistas, para atender las causas de las amenazas y agresiones, así como establecer acciones que den resultados concretos.

‘‘La única forma de saber que tales acciones han sido efectivas es cuando los responsables de los homicidios, agresiones y amenazas estén en la cárcel’’, concluyó.