a barbarie que se desató entre el martes y ayer en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas –con un saldo de siete muertos y 13 heridos–, es indicativa del quiebre del estado de derecho que prevalece en buena parte de las prisiones del país y que se manifiesta en corrupción, explotación, narcotráfico y autogobierno en el interior de los reclusorios. Las que debieran ser instituciones modelo en materia de observancia de las leyes y control por el gobierno, suelen ser, por el contrario, territorios sin ley, en los cuales florece con particular brutalidad el imperio del más fuerte.
Aunque el principio de autoridad debería ser permanente en las prisiones, los cruentos enfrentamientos referidos dan cuenta de que en ese centro de reclusión tal condición brillaba por su ausencia –hasta el punto de permitir el ingreso de armas de alto poder– y que fue un intento por restaurarlo el que detonó la balacera en su interior.
Tal situación de descontrol no sólo se presenta en prisiones de mediana seguridad, como la de la capital tamaulipeca, sino incluso en cárceles de supuesta alta seguridad, como lo indican las dos fugas deJoaquín El Chapo Guzmán de los penales de Puente Grande, en Jalisco, y del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México. Esa circunstancia da por resultado la repetición de episodios trágicos como el de esta semana en Ciudad Victoria.
Para empezar a resolver este problema es necesario reconocer que el Estado ha renunciado a sus deberes primordiales como responsable de la readaptación social de los delincuentes y como garante de la seguridad, la probidad y el profesionalismo en las cárceles, en las cuales se resumen y concentran las peores miserias que afectan a la institucionalidad: la corrupción, el desdén por la vida humana y la falta de compromiso con la vigencia de los derechos humanos. En las prisiones, los reos no son vistos como personas que merecen una política de readaptación social, sino como objetos comercializables y explotables de los cuales puede sacarse el máximo provecho monetario.
Así, los reclusorios, en vez de cumplir su función como instrumento de combate a la delincuencia, se convierten en centros difusores de ella y en escuelas de crimen, crueldad y cinismo.
Es significativo, a este respecto, que en la pasada década el país ha construido cárceles a un ritmo vertiginoso y que ello no se ha traducido, ni mucho ni poco, en un incremento de la seguridad ni en una reducción de la violencia y del índice de hechos delictivos.
Es tiempo de replantear los instrumentos de la política penal vigente y de reconsiderar una estrategia de seguridad, que en lugar de combatir la delincuencia parece multiplicarla. Tal vez si el combate a lacorrupción en todas las instancias de la administración pública fuera algo más que un propósito repetido hasta la saciedad; si se diera prioridad a la edificación de escuelas y universidades por sobre la erección de cárceles, y si las autoridades se presentaran ante los infractores como ejemplo de observancia de las leyes, sería posible lograr resultados menos desoladores que los obtenidos hasta ahora.
